TAL CUAL LUNES 6 DE AGOSTO DE 2001

ECONOMIA

Litigio en Barinas pone en duda títulos de propiedad de tierras

El IAN investiga un hato adquirido el año pasado, porque presume que los documentos fueron forjados en 1848. Hay otras 30 fincas bajo sospecha

Mientras el ganadero Irineo Pernía denuncia que el Instituto Agrario Nacional ha tenido un tratamiento discriminatorio en el caso del Lote Dos del Hato Lechozote, el presidente del IAN, general de Brigada del Ejército, Wilfredo Ramos Silva, alega que sólo se está tratando de "poner orden en la casa"
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Pedro Lara/TalCual

Uno de los mejores hatos del estado Barinas enfrenta a un propietario privado, miembro de Fedenaga, y a un militar activo, actual presidente del Instituto Agrario Nacional y, quien, desde su época de comandante de Guarnición del Destacamento de Barinas había comenzado a estudiar las tierras que ahora se disputan.

La finca, de casi 9 mil hectáreas, ubicada en las tierras más productivas de la región, había pasado a manos de Banesco, que ejecutó el embargo del Lote Dos del Hato Lechozote (municipio Pedraza), debido a un retraso en el pago de sus dueños para el momento, Agropecuaria Corocito. Luego buscó un comprador y lo encontró en uno de sus clientes: Irineo Pernía. Banesco remató el fundo en 2.200 millones de bolívares. El precio incluyó 6.000 reses, 42 kilómetros de carreteras internas, 12 tractores, 4.000 hectáreas cultivadas de pasto artificial y 26 molinos.

Cuando se tramitaba la compraventa, el general de brigada del Ejército, Wilfredo Ramos Silva, para la época comandante de la Guarnición de Barinas, advirtió a Pernía, con quien mantenía comunicación constante y cordial: "No compres ese hato, porque te traerá problemas". La sentencia de Silva, ahora presidente del IAN, se hizo realidad.

La amistad que unía a Silva y Pernía comenzó cuando el general llegó al llano con la misión de instalar una base militar en Barinas. Pernía, dueño de fincas en oriente, Apure y Barinas, ofreció algunas de sus tierras.

Estudio ancestral

En noviembre de 2000, el ganadero desembolsó el primer monto (200 millones de bolívares de un total de 2.200 millones) para adquirir el Lote Dos de Lechozote. Pero antes de que se efectuara el pago, el general Silva, como comandante de Guarnición, había comenzado a estudiar los registros de Lechozote, investigación que tuvo como resultado que el hato no era propiedad privada. "El estudio realizado por un grupo de abogados descubrió que el hato Lechozote pertenecía al Estado venezolano", aseguró Silva. El argumento del presidente del IAN se remonta a 1848: "Cuando finalizó la guerra el Estado pagó a unos militares con ellas. Pero la finca fue entregada en guardia y custodia y no se podía enajenar. Sin embargo, se creó una cadena paralela y se forjaron documentos, es decir, se produjo una estafa".

Pernía desestimó la advertencia de Silva y, para mayo de 2001, cerró la negociación con Banesco. El general, que para esta fecha ya ocupaba la presidencia del IAN, reaccionó: "Prepárate para que peleemos Lechozote", le advirtió por segunda vez. Pernía ripostó: "Yo tengo un hermano abogado que no ha perdido ningún caso". El duelo se había concretado. Bang, bang.

Como una manera de apaciguar el intento de Silva de reclamar el hato para el Estado venezolano, Pernía quiso negociar y ofreció donar al Ejército 500 hectáreas de Lechozote. Silva se negó a aceptar, bajo el alegato de que los papeles con que el fundo fue tramitado desde el siglo antepasado, eran falsos.

Invasión mediante

Hace tres semanas, un abogado del IAN Caracas y representantes del Tribunal del Municipio Pedraza realizaron una inspección judicial en el Hato Lechozote. La razón de la medida la explica Laura Riera, gerente de Tierras del IAN: "Un grupo de campesinos solicitó que se iniciara un proceso de afectación del hato porque según ellos el fundo se encuentra en estado de abandono". Hasta hoy, la finca no ha sido invadida, pero Pernía asegura que tras el IAN "hay invasores de oficio".

Riera explica que actuó apegada al artículo 9 de la Ley de Reforma Agraria que establece que si un grupo de venezolanos solicita al IAN un proceso de afectación en contra de un fundo la solicitud debe ser procesada. Riera señala que aún se desconoce cuándo se definirá, con pruebas en mano, si el hato Lechozote es privado o del Estado. "Pernía debe demostrar que su fundo es propiedad privada con una cadena documental del fundo", asegura Riera.

Otros 30 casos

El ganadero Pernía denuncia que el procedimiento iniciado en contra de su hato viola la ley porque sus predios están en plena producción, lo que los hace inmunes a un proceso de expropiación. "Yo vendo 50 mil kilos de carne en canal mensualmente y mil litros de leche a diario. Además, doy empleo directo a 100 personas", asegura Pernía.

El general Silva asegura que el caso de Lechozote no es atípico, pues desde que asumió la presidencia del IAN, está estudiando otros 30 casos parecidos en los que el Estado, a pesar de haber dado parte de sus tierras en pago a militares de las guerras federales, mantuvo la propiedad. TalCual solicitó al IAN datos concretos sobre estos otros 30 casos, pero el IAN prefirió "mantener el hermetismo que merece cada uno de estos casos".

Mientras pasan los 30 días en que debe pronunciarse el IAN sobre el proceso de afectación, Pernía ventiló su desacuerdo con las inspecciones judiciales que vienen realizándose en su fundo. El 27 de julio, el ganadero se dirigió al presidente de la República, a través de un comunicado publicado en la prensa nacional, para denunciar lo que él considera una excepción que hace el IAN para intentar expropiar el fundo que compró a Banesco.

El IAN ha entregado 2.700 títulos de propiedad a campesinos

El trabajo que están llevando a cabo las autoridades del Instituto Agrario Nacional tiene como objeto "poner orden en la casa". En sus cuatro meses al frente del Instituto Agrario Nacional, el general de brigada del Ejército, Wilfredo Ramos Silva, ha entregado 2.700 títulos de propiedad. Cifra que superó los títulos otorgados en dos años y medio por la administración pasada. Para finales de año la meta es entregar 8.000 títulos, lo que constituiría un récord para la institución, cuya imagen maltratada Silva está tratando de levantar. Además de recuperar las instalaciones físicas del instituto, Silva, en compañía de su equipo, se ha dedicado a motivar a los funcionarios del IAN y mejorar su autoestima. Esto, sin dejar de reventar algunos casos como el de Lechozote, porque según Silva, muchas fincas engordaron a costa de las tierras del IAN. Pronto, el instituto estará conectado con el mundo a través de la página web, lo que marcará su ingreso a las nuevas tecnologías. Sin embargo, casi a diario, al mejor estilo de la cuarta, la sede del instituto abre sus puertas a campesinos del interior que se instalan con pancartas a reclamar por una nueva Ley de Tierras que acabe con el latifundismo. Silva sale, "da la cara" como es su costumbre, y hasta participa de las parrillas que, en ocasiones, los campesinos celebran en el IAN.

Cadena de engaños

La historia de las tierras que hoy conforman Lechozote data de 1848. Según la investigación realizada por Wilfredo Ramos Silva, presidente del IAN y anterior jefe del Destacamento de Barinas, las tierras en cuestión eran del Estado venezolano y en 1848, cuando finalizó la guerra, se le pagó con ellas a unos militares. "El hato se entregó en guardia y custodia y en estas condiciones no se podía enajenar". Sin embargo, en algún momento que Silva no puede precisar, "se creó una cadena paralela y se forjaron documentos". Es decir "se produjo una estafa". El actual dueño del hato Lechozote, Irineo Pernía, se opone a la versión de Silva. "Estas siempre han sido propiedad privada". Según Pernía, hasta el presidente Chávez pidió, en una ocasión, que Pernía no puede precisar, que se realizara una "tradición legal" de Lechozote. "La investigación determinó que las tierras han pertenecido a particulares desde el siglo XIX", afirmó Pernía.

René Fumero, vicepresidente de Banca Agropecuaria de Banesco, aseguró que Irineo Pernía tiene en su poder todos los documentos que acreditan que los terrenos son propios y que por lo tanto la compra fue legal. Sin embargo, ante el reclamo del IAN, Fumero señala que "Banesco es sólo un espectador".

 
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