TAL CUAL LUNES 16 DE JULIO DE 2001

ECONOMIA

La crisis financiera del 94 costaría hoy Bs. 8 billones

La pesadilla del Banco Latino regresó: La justicia decidió que nadie tuvo responsabilidad. Los errores políticos continúan, hoy, incólumes y nada dejó la lección bancaria

Pese a que el Estado ha mantenido una política de fortalecimiento del sector financiero, continúan existiendo bancos débiles. La política económica favorece, aún hoy, al negocio bancario, como hace una década, mientras la producción industrial permanece relegada.
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El solapamiento del sistema financiero local en 1994 y todas sus consecuencias económicas -control de cambio, devaluación y altos índices inflacionarios, entre otros- costaron a la nación, en la época, 980 millardos de bolívares, por todos los auxilios entregados a los bancos que eran, sencillamente, insalvables. Aunque según la Fiscalía General de la República fueron sólo 74 millardos.

Pero la verdad es que esos 980 millardos de bolívares -unos 5,8 millardos de dólares en el momento, cuando el tipo de cambio estaba controlado a 170 bolívares por dólar- hoy significarían nada más y nada menos que 8 billones de bolívares, tomando en cuenta la inflación del año 94 (70,84%) y la variación del índice acumulado entre enero y junio de 2001 (12,5%). Este dinero se perdió absolutamente. "El Banco Latino es nuestra pesadilla", refiere Domingo Maza Zavala, director del BCV.

Además, todo este tiempo, aún hoy, el Estado, aunque no lo admita, ha mantenido una política, no muy explícita, para fortalecer al sistema financiero y desbaratar al sector productivo nacional. "En Venezuela lo que hay es un cementerio industrial". Así lo afirma Ignacio Oberto, director de BBO Servicios Financieros, quien agrega que lo más grave es que esta política se mantiene. Obvio: los beneficiados han sido las instituciones bancarias que quedaron en buen pie y lograron fortalecerse. "Fíjate, el promedio de las tasas de interés activas se ha mantenido por toda una década". Aspecto que para Oberto, no es más que una consecuencia constante de la debacle de 1994.

La pesadilla

1994 arrancó con la explosión del sistema financiero, que se tradujo en la quiebra del Banco Latino, uno de los bancos clave y, supuestamente, de los más sólidos del sistema. Ya para el mes de marzo de ese año, la jueza Diamora Ramírez de Simancas, había dictado 80 autos de detención contra algunas personas involucradas en este caso, entre ellos Gustavo Gómez López, ex directivo de esa institución financiera, además de otros supuestos implicados. En esa oportunidad, el presidente de turno, Rafael Caldera, prometió que los implicados irían a la cárcel. Pero tras 7 años de litigio, finalmente la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, absolvió a Gustavo Gómez López y a 37 banqueros implicados en la crisis financiera de ese año.

La jueza Diamora Ramírez de Simancas, en aquella oportunidad, también ordenó la detención de varios funcionarios del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, específicamente de los ex ministros Carlos Rafael Silva y Pedro Rosas, y del superintendente de Bancos, Roger Urbina. Y Ramírez, apegada a la ley, había puesto su mirada, incluso, sobre quienes actuaron por omisión.

La normativa legal establecía que aquellas personas que estaban al tanto de los problemas del Latino desde hacía tiempo y no lo informaron, y no tomaron las medidas adecuadas, eran consideradas culpables por encubrimiento.

La impunidad

Al parecer, ni estos ni los ex banqueros implicados pagarán culpa alguna, pues aunque los banqueros eran investigados por siete delitos, sólo se comprobó uno, previsto en el artículo 202 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. La comisión de elaboración, suscripción, autorización, certificación, presentación o publicación de balances de estados financieros falsos. Y, a pesar de ser un delito, los jueces concluyeron que no se le puede imputar a alguien en particular; por lo tanto, los que antes eran "presuntos implicados", ahora, de acuerdo con la decisión de las juezas Carmen Mireya Tellechea, Irma Avila Maestracci y María Eugenia Oporto, "son inocentes".

Sin embargo, muchos venezolanos, aunque la decisión les produce algunas sospechas, coinciden en que no es de extrañar, pues, sobre todo, reina la impunidad. De esta tesis es partidario Antonio Francés, del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), quien dijo que está "sorprendido como todo el mundo (...) Vivimos en una sociedad donde reina la impunidad. Aquí nadie va a la cárcel. Ni de la Cuarta ni de la Quinta República". Es lamentable que se hayan perdido 74 millardos de bolívares y que nadie responda por eso. Señaló que hay una serie de instancias para que tomen cartas en el asunto, tales como la Fiscalía General de la República. ¿Actuará Isaías Rodríguez contra los jueces de su propio partido político, el MVR?

Y aunque en la actualidad existe una demanda civil por daños al patrimonio público, estimada por la Fiscalía General de la República por un monto de 74 millardos de bolívares, fue descartada la comisión de delito alguno, y la Sala de Reenvío declaró sin lugar esta demanda. Nadie responderá ni penal ni civilmente por lo ocurrido.

Con Francés coincide Oberto. "No podemos rasgarnos las vestiduras por este caso en particular, cuando en el país lo que reina es la inseguridad jurídica. Es como llover sobre mojado". Para el director de BBO Servicios Financieros, el problema pica y se extiende, porque esa inseguridad jurídica a unos favorece y a otros perjudica, depende del cristal con que se mire. Lo peor, según Oberto, es que no se aprendió nada de la crisis. El caso Cavendes es el mejor ejemplo.

¡Libres de culpa!

Gustavo Gómez López, primero, se salvó en Miami y ahora en Venezuela. En el combo de los favorecidos por la sentencia del TSJ también están incluidos: Giácomo León Rochelle, Folco María Falchi Tiberi, Rose Mary Rojo Peña, María Angélica Pulgar Corao, Arturo Celestino Malavé Alvarez, Fernando Antonio Lauría Romero, Mery Roffe de Silverman, Niloha Martínez de Morillo, Agustín Alibert Hermoza, Daniel Aquiles León Yallonardo, Pedro Miguel Gilly Calzadilla, Eloy Alfredo Montenegro Salom, Carmen Teresa Ferrarotti Abuchaide, Jany Beatriz Killworth de Paoletti, Ricardo José Cisneros Rendiles, Gustavo Enrique Planchart Pocaterra, Oscar de los Santos Briceño González, Elio Silva Orellana, Francisco Cabrera Reina, Jorge Emilio Gómez Hernández, Jesús Nava Castro, Guillermo Bello Vicentini, Tomás Niembro Concha, María Delgado Martínez, José Vicente Melo López, Virginia Drelts Peláez, Adolfo Malavé Alvarez, Martín Jacinto Gutiérrez Ramírez, Rafael Enrique Abreu Anselmi, Pedro Almoguera, Guillermo Vegas Pacanins, Francisco Javier Cárdenas Egui, Carlos Luis Fernando Cuesta, Miriam Delgado de Martínez, José Luis Blanco, Manuel Ignacio Arcaya Arcaya y Edwin Acosta Rubio Pita.

Retrato de un país en crisis financiera

Primero fue la década perdida (1980-1990), de la que no escapó Venezuela. Y al salir de ella, entramos en el caos financiero. Apenas asume el gobierno Rafael Caldera, el 2 de febrero de 1994, la banca internacional Foreign Report señala que la economía venezolana entraría en una etapa crítica. La inflación afectó al país, pues pasó de 45,94% (nivel de 1993) a 70,84%, en 1994. La debacle trajo una fuerte cola durante 2 años, al menos, porque la crisis se mantiene. En 1995, el índice bajó casi 20 puntos (56,6%), pero en 1996 se duplicó para ubicarse en un nivel histórico para la nación: 103,2%.

Las reservas internacionales pasaron de 6 millardos de dólares en 1991 a 10 millardos de dólares en 1992 y así se mantuvieron hasta 1993. En ese año, se decía que Venezuela estaba lista para despegar. Pero luego de dos intentonas de golpe, que se unieron a un juicio en contra de Carlos Andrés Pérez, el gobierno socavó las bases del régimen. Caldera enfrentó la crisis financiera, y no pasó mucho tiempo cuando suspendió las garantías económicas.

La economía fue dirigida por la vía de decretos, lo que sembró temores en los mercados internacionales sobre la posibilidad de retornar a un esquema proteccionista. El gobierno se vio obligado a intervenir el Banco Latino y otras instituciones financieras, después impuso un control de cambios -para frenar la salida de divisas, las cuales se han calculado en 8 millardos de dólares- y para rematar, en 1996, devaluó la moneda nacional. Al cierre del año 94, el saldo de auxilios sólo para el Banco Latino fue de 504 millardos de bolívares y las reservas internacionales apenas sobrepasaron los 11 millardos de dólares.

El economista Domingo Maza Zavala recordó que esta crisis tuvo un impacto muy fuerte sobre la población, pues este banco concentraba casi el mayor porcentaje de captación de depósitos de la población. Maza señala que "de que hay responsables de la mala gestión, los hay". Agregó que no cree que ya haya finalizado la intervención, pues falta liquidar bienes, y este proceso aún no ha concluido. Entre las secuelas dejadas por la crisis del 94, señaló que "el venezolano, hasta esta fecha, no ha recuperado la confianza en el sistema financiero y esto es peligroso para un país (...) El Banco Latino todavía es una pesadilla para el país", pues mucha gente afectada no ha recuperado sus haberes.

 
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