Chacumbele y Diosdado decidieron quitarse la careta con lo de RCTV. Hasta ahora venían utilizando argumentos especiosos, con barniz legaloide, que a algunos sectores, sobre todo en el exterior, no dejaban de hacerlos dudar.

Primero, en mayo de 2007 sostuvieron que siendo potestad del Estado (y del gobierno) otorgar concesiones en el espacio radioeléctrico, habiendo llegado a su fin la que por veinte años tenía RCTV, el gobierno no la renovaría. Los destinados a ser enterrados en urna blanca compraron el argumento.

En fin de cuentas parecía legal. El gobierno, así como da la concesión, puede no renovarla. ¿Cuál es el problema? La segunda vez, con RCTV Internacional, hipócritamente se dijo que no era el gobierno sino las cableras las que suspendían la señal del canal de Bárcenas, porque este no se ajustaba a la legislación sobre los porcentajes de producción nacional e internacional en su programación.

También la cosa parecía tener ante algunos ojos un ángulo plausible. Ajustarse a la ley significaba transmitir las cadenas de Chacumbele, cosa que RCTV no hacía por ser un canal internacional.

Optaron, sin embargo, los propietarios de RCTV, por aceptar tal imposición y ratificar, además, que su programación responde a los criterios de Conatel, llegando Diosdado a "felicitarlos" por tal decisión.

Los dos ligaditos, Chacumbele y su ministro, ya no encontraran otro argumento que el de "te cierro porque me da la gana". Tienen razón pero van presos.

La cosa se parece a aquel viejo chiste del policía que pide su documentación a un ciudadano, con intención de matraquearlo, y ante todos los documentos en orden termina acusando al tipo de que el dinero que porta en la cartera es para comprarse un revólver y se lo lleva preso.