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PODER Y TRABAJO | 20/06/2013
Normativa laboral chimba
Uno de los objetivos de esa modalidad de negociación es extender los beneficios laborales a todos los trabajadores de una misma rama de actividad, evitando que algún patrono pueda ofrecer bienes o servicios más baratos que los de sus competidores, sobre la base de tener costos laborales inferiores
LEÓN ARISMENDI
Psuv
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La tapa del frasco de las arbitrariedades PSUVISTAS en el conflicto universitario es la convocatoria de una Reunión Normativa Laboral (RNL), para negociar las condiciones de trabajo de quienes prestan servicios en las instituciones del sector.

El objetivo político de los progenitores de la iniciativa es evadir cualquier posibilidad de interacción tanto con la representación del profesorado como con la de las universidades autónomas. Muy peculiar su modo de entender la democracia participativa y protagónica de la que tanto se ufanan, cuyo prototipo es el "gobierno de calle", esa parodia de asamblea roja en la que Nicolás habla y los presentes aplauden; por cierto, cada vez con menos ganas.

Volvamos sobre el punto. La RNL es un modo de negociar convenciones colectivas; su antecedente nacional fue el Decreto Ley 440, sobre contratos colectivos por rama de industria, promulgado en 1958. Su denominación actual se adoptó en la LOT de 1990 y así se mantiene en el DLOTTT, aun cuando algunos rojos suponen que la fórmula es hechura de su comandante eterno.

Uno de los objetivos de esa modalidad de negociación es extender los beneficios laborales a todos los trabajadores de una misma rama de actividad, evitando que algún patrono pueda ofrecer bienes o servicios más baratos que los de sus competidores, sobre la base de tener costos laborales inferiores.

Por las indicadas razones, en los aludidos procesos, la regla es que intervengan varias organizaciones sindicales (salvo que sólo hubiese una organización sindical en la rama) y varios patronos o empleadores, pues de haber uno, la RNL carecería de sentido.

En el caso que nos ocupa, tal como se recoge en la Resolución del Ministerio del Trabajo, Nº 8292, del 15 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial Nº 40167 de la misma fecha, los solicitantes de la convocatoria son varias organizaciones de trabajadores, pero el convocado no es patrono de ninguno de los destinatarios del proyecto.

En efecto, el Ministro de Educación Superior funge como representante del patrono (la República) respecto de los empleados y obreros de ese despacho y no respecto de las universidades, cada una de las cuales tiene personalidad jurídica propia, autonomía y por ende, atribuciones para designar y dirigir su personal, docente, administrativo y obrero.

El empleador de este personal es cada universidad y sus representantes, las autoridades universitarias. Mal puede entonces dicho funcionario asumir obligaciones a nombre de nuestras máximas casas de estudio, porque nadie le ha conferido tal potestad.

Por desgracia, el Ministerio del Trabajo es otra dependencia del PSUV y, como se sabe, el derecho les resbala. El proyecto de convención está minado de violaciones constitucionales, como esa de querer imponer su socialismo borbónico en un convenio hasta desconocer a la representación legítima del profesorado (FAPUV) y de las universidades, luego, la convocatoria es chimba como lo es todo lo que allí se decida. Siguen sin leer bien los resultados del 14 de abril y no se han dado cuenta que cada día son menos.


 

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