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Foro por la vida | 19/05/2013 | 1 Comentarios
DDHH en riesgos
La decisión de militarizar la seguridad ciudadana pareciera ser una confesión de las limitaciones de los diferentes planes ejecutados para revertir la violencia en el país. Además, es absolutamente contrario a la filosofía de la Misión "A Toda Vida", la cual promovía la necesidad de un nuevo modelo policial cuyo eje fuera el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados
PROVEA
Inseguridad
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El artículo 332 de la Constitución establece que "los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil". Provea apoyará toda medida que se oriente a garantizar seguridad ciudadana siempre y cuando esté en el marco de la Constitución.

"Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada". En la investigación especial "15 años sobre DDHH: Inclusión en lo social, exclusión en lo político, incluida en el Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de Provea, se refleja que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional fueron responsables, entre los años 1997 y 2011, de 301 víctimas de violación al derecho a la vida en el país.

Sólo en 2012 de 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 de la Guardia Nacional Bolivariana y 5 del Ejército). Estas cifras pudieran aumentar dramáticamente tras el anuncio e implementación de la militarización de la seguridad ciudadana.

Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público.

Como bien recordó recientemente Alfredo Ruiz, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, entre los años 1994 y 1998 se instalaron en los estados Zulia y Apure Teatros de Operaciones donde el Ejército realizó labores policiales, con saldos muy negativos para los derechos humanos.

La sentencia contra Venezuela por el caso "El Caracazo", emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales.

Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar este tipo de labores. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como "enemigo".

La decisión de militarizar la seguridad ciudadana pareciera ser una confesión de las limitaciones de los diferentes planes ejecutados para revertir la violencia en el país. Además, es absolutamente contrario a la filosofía de la Misión "A Toda Vida", la cual promovía la necesidad de un nuevo modelo policial cuyo eje fuera el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados.

Es mala señal que la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro se haya iniciado avalando la tesis de la necesidad de la "mano dura" contra la inseguridad.

Enfrentar el grave y complejo problema de inseguridad necesita del mayor de los consensos para el diseño de una política multidimensional y democrática para revertirlo.

En primer lugar teniendo la suficiente voluntad política para reformar el sistema de administración de justicia y atacar los altos niveles de impunidad presentes en el país, los cuales a juicio de Provea constituyen, junto a la situación de pobreza de amplios sectores de la población, dos de los mas preocupantes violaciones a los derechos humanos en el país.

Las políticas sociales focalizadas deben coordinarse con otras medidas dirigidas a los problemas estructurales de exclusión entre nosotros, asegurando el acceso universal de toda la ciudadanía a servicios básicos, de educación y salud de calidad.

Todos los ejemplos exitosos de políticas de seguridad implementados en la región han tenido como precondición grandes y amplios consensos entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país. Si el Ejecutivo Nacional ha demostrado su voluntad de reunirse y dialogar con el sector privado para abordar la situación de desabastecimiento alimentario, esta misma iniciativa puede y debe realizarse para el diseño de una política de seguridad ciudadana con metas a corto, mediano y largo plazo.

Desde Provea esperamos que no sean los previsibles excesos de los funcionarios militares en labores de seguridad ciudadana lo que lleve a rectificar las últimas decisiones en la materia. Por otra parte el Ejecutivo debe garantizar, para esta y todas las áreas de gobierno, el acceso a la información pública que permita a la ciudadanía ejercer su derecho constitucional a la contraloría social.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz forma parte del grupo de 18 ministerios que no publican ningún tipo de informe de gestión o memoria y cuenta en su portal web institucional.

@_provea

 

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