CARACAS, sábado 28 de febrero, 2015
Facebook Twitter RSS
Temas del día
Foro por la vida | 19/05/2013 | 1 Comentarios
DDHH en riesgos
La decisión de militarizar la seguridad ciudadana pareciera ser una confesión de las limitaciones de los diferentes planes ejecutados para revertir la violencia en el país. Además, es absolutamente contrario a la filosofía de la Misión "A Toda Vida", la cual promovía la necesidad de un nuevo modelo policial cuyo eje fuera el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados
PROVEA
Inseguridad
0 1a

El artículo 332 de la Constitución establece que "los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil". Provea apoyará toda medida que se oriente a garantizar seguridad ciudadana siempre y cuando esté en el marco de la Constitución.

"Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada". En la investigación especial "15 años sobre DDHH: Inclusión en lo social, exclusión en lo político, incluida en el Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de Provea, se refleja que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional fueron responsables, entre los años 1997 y 2011, de 301 víctimas de violación al derecho a la vida en el país.

Sólo en 2012 de 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 de la Guardia Nacional Bolivariana y 5 del Ejército). Estas cifras pudieran aumentar dramáticamente tras el anuncio e implementación de la militarización de la seguridad ciudadana.

Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público.

Como bien recordó recientemente Alfredo Ruiz, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, entre los años 1994 y 1998 se instalaron en los estados Zulia y Apure Teatros de Operaciones donde el Ejército realizó labores policiales, con saldos muy negativos para los derechos humanos.

La sentencia contra Venezuela por el caso "El Caracazo", emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales.

Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar este tipo de labores. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como "enemigo".

La decisión de militarizar la seguridad ciudadana pareciera ser una confesión de las limitaciones de los diferentes planes ejecutados para revertir la violencia en el país. Además, es absolutamente contrario a la filosofía de la Misión "A Toda Vida", la cual promovía la necesidad de un nuevo modelo policial cuyo eje fuera el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados.

Es mala señal que la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro se haya iniciado avalando la tesis de la necesidad de la "mano dura" contra la inseguridad.

Enfrentar el grave y complejo problema de inseguridad necesita del mayor de los consensos para el diseño de una política multidimensional y democrática para revertirlo.

En primer lugar teniendo la suficiente voluntad política para reformar el sistema de administración de justicia y atacar los altos niveles de impunidad presentes en el país, los cuales a juicio de Provea constituyen, junto a la situación de pobreza de amplios sectores de la población, dos de los mas preocupantes violaciones a los derechos humanos en el país.

Las políticas sociales focalizadas deben coordinarse con otras medidas dirigidas a los problemas estructurales de exclusión entre nosotros, asegurando el acceso universal de toda la ciudadanía a servicios básicos, de educación y salud de calidad.

Todos los ejemplos exitosos de políticas de seguridad implementados en la región han tenido como precondición grandes y amplios consensos entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país. Si el Ejecutivo Nacional ha demostrado su voluntad de reunirse y dialogar con el sector privado para abordar la situación de desabastecimiento alimentario, esta misma iniciativa puede y debe realizarse para el diseño de una política de seguridad ciudadana con metas a corto, mediano y largo plazo.

Desde Provea esperamos que no sean los previsibles excesos de los funcionarios militares en labores de seguridad ciudadana lo que lleve a rectificar las últimas decisiones en la materia. Por otra parte el Ejecutivo debe garantizar, para esta y todas las áreas de gobierno, el acceso a la información pública que permita a la ciudadanía ejercer su derecho constitucional a la contraloría social.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz forma parte del grupo de 18 ministerios que no publican ningún tipo de informe de gestión o memoria y cuenta en su portal web institucional.

@_provea

 

Notas anteriores en Foro por la vida
Represión
28/02/2015
"Yo cumplí una orden"
En Venezuela, la "obediencia legítima y debida", está proscrita por disposición constitucional (Art. 25): Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público, que viole (...) los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos (...) que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa (...) sin que les sirvan de excusa órdenes superiores
Caracazo
22/02/2015
27F, hablan las víctimas
A días de cumplirse 26 años de los sucesos del Caracazo es preciso resaltar los aprendizajes vinculados a la importancia del protagonismo que toman las víctimas en la exigencia de justicia, el establecimiento de la verdad y a favor de la reparación integral
Violencia
14/02/2015
Violencia contra la mujer
Cofavic con apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales desarrolla la acción “Promoviendo la lucha contra la impunidad en Venezuela desde el protagonismo de las mujeres”, la cual tiene como objetivos promover espacios de reflexión sobre estándares internacionales en materia de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia y sobre el delito de femicidio y feminicidio
Represion
07/02/2015
Balance de la impunidad
Entre febrero y mayo de 2014 se registraron 3.127 detenciones arbitrarias. La cifra incluye principalmente a personas que participaban en protestas, pero también a transeúntes que sin tener vinculación con las mismas, fueron detenidos y presentados a las órdenes de tribunales.
Represión
18/01/2015
El Estado violador
De 2010 a 2014 se registraron 208 casos de ataques a defensores de derechos humanos, que implicaron varias violaciones a los derechos de las personas. De ellos 71 casos afectaron a ONG, defensores de derechos humanos y miembros de comités de víctimas; 117 a defensores de derechos laborales; 20 a defensores del derecho a la tierra. En todos ellos gravita la impunidad en la que permanecen la mayoría de las denuncias a pesar de que las autoridades tienen pleno conocimiento de los hechos
Luxor
20/12/2014
LOTTT, 2 años después
Hace dos años el Ejecutivo Nacional reformó la Ley Orgánica del Trabajo. Se impuso una normativa laboral que afecta derechos tales como la huelga, convención colectiva y libertad sindical. Los trabajadores del sector público vieron otra vez conculcado su derecho a negociar convenciones colectivas; el aumento del salario mínimo no alcanza ni para la cesta básica ni tampoco para la canasta alimentaria; la inamovilidad laboral continúa. El Estado sigue criminalizando la protesta laboral y el ejercicio de la libertad sindical.
Protestas
24/08/2014
Tratos crueles
En los dos últimos años, en el marco de las protestas, Cofavic ha monitoreado unos 150 casos individualizados donde presuntamente se aplicaron torturas
 
Tu Comentario
Para participar, necesitas ser usuario registrado en TalCual. Si no lo eres, Regístrate Aquí
Correo Clave
Caracteres restantes: 280
Las opiniones aquí emitidas no reflejan la posición de TalCual.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio.

TalCual se reserva el derecho de no publicar los comentarios que utilicen un lenguaje no apropieado y/o que vayan en contra de las leyes venezolanas y las buenas costumbres.

Los mensajes aparecerán publicados en unos minutos.
Destacadas