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Reportaje | 27/02/2013
El Caracazo sigue impune
Ningún gobierno ha encontrado un solo responsable por la masacre del 27 de febrero de 1989 . Los restos de cuerpos que el Ministerio Público se llevó de La Peste no tienen paradero seguro, según familiares. Para la Fiscalía y la Defensoría los casos pasan inadvertidos Ni siquiera han dado con la cifra de víctimas
KEILYN ITRIAGO MARRUFO
Caracazo
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Mientras el Gobierno se afane en celebrar este 27 de febrero como día nacional de los derechos humanos, los familiares de las víctimas del Caracazo lloran porque se cumplen 24 años de total impunidad, pues ni la “revolución bolivariana”, empeñada en castigar los horrores de la “Cuarta República”, ha logrado una sola condena judicial por la masacre que generó el levantamiento social durante el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez.

“Para la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía nosotros no existimos”, afirma la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Aura Liscano, quien sólo ha obtenido silencio en el caso de la desaparición forzada de su hermano José Miguel Liscano.

El refugio para ella ha sido el apoyo de instancias internacionales, y el de 43 familias más que claman justicia.

UN TRIBUTO FALSO
Liliana Ortega, también presidenta de Cofavic, sostiene que ni siquiera el mínimo gesto humanitario que merecían las víctimas, que era la identificación de los cuerpos, se ha logrado.

“Antes teníamos la seguridad de que los restos estaban en los nichos de La Peste (en el Cementerio del Sur) pero ahora no sabemos dónde están”, cuenta Iris Medina, sobre la exhumación que hizo el Ministerio Público el 21 de septiembre de 2009, cuando decidió llevarse los huesos a Fuerte Tiuna, y luego a Guarenas para supuestamente identificarlos.

“Es triste saber que hacen un monumento en el Cementerio General del Sur y solo limpian cuando llega la fecha, y los menos invitados somos los afectados”, agrega Medina.

La deuda de la justicia venezolana es tanta que los dos casos que habían logrado llegar a la etapa judicial con cierto avance, como el de Luis Manuel Colmenares y el de Crisanto Mederos, sufrieron serios retrocesos, según señala Ortega.

En el primero, por error del MP se repuso la causa a la etapa inicial luego de 24 años; y en el segundo, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que había que reponer la causa a la audiencia preliminar.

A juicio de Ortega es lamentable que la sociedad venezolana a estas alturas no pueda conocer cuál es la cifra definitiva de las personas asesinadas y heridas.

Tampoco hay una investigación seria sobre quiénes dispararon, cuáles fueron las órdenes, cuáles fueron los protocolos que se utilizaron, qué decían los libros de novedades de los cuerpos de seguridad del Estado.

No hay una línea de indagación sobre si hubo destrucción de evidencias y quiénes son los operadores de justicia que no hicieron su trabajo correctamente.

Lamenta que en los últimos años se haya intentado criminalizar a las víctimas, trasladando hacia ellos la falta de impulso procesal de las causas y la falta de identificación de los restos, “lo cual es una revictimización de la gente que ya bastante ha sufrido.

Además, es un mecanismo de impunidad peligroso porque no sólo desmotiva a la gente en su credibilidad de la justicia sino que genera un sentimiento de culpa que es inaceptable”, apunta.

EL DINERO NO COMPENSA
Una iniciativa importante que tuvo el Estado venezolano, según Ortega, fue la indemnización a 44 familiares de las víctimas, sin embargo aclara que ese proceso iniciado en 2004 no ha concluido.

“Además las indemnizaciones no son la reparación completa, para que sea integral tiene que haber justicia”. Se preocupa por los sobrevivientes del Caracazo que tienen lesiones permanentes, entre ellos Osquelis Campos, quien perdió la vista y actualmente está en un refugio.

La desprotección en estos casos es más agravada. La falta de voluntad política para esclarecer los casos, sostiene Liscano, no ha permitido el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, pues la identificación plena de los restos, el esclarecimiento de la verdad y la adecuación de los manuales operativos de los sistemas de orden público han sido obviados por el Estado.

“MI ESPOSO NO QUERÍA MORIR”
Iris Medina vivía en la avenida San Martín y recuerda que los militares que se encontraban allí hacían disparos indiscriminados después que llegaba el toque de queda.

Wolfang Quintana tenía en los brazos a su hija de tres meses cuando recibió una bala de FAL en el pecho. Recuerda que se volteó y dijo “Ay” en sus brazos. Dentro de su casa se desangró.

 
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