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La frontera invisible | 20/02/2013
¿Combate o asesinato?
En Pakistán se ha descabezado a organizaciones terroristas como Al Qaeda. La utilización de drones en la guerra contra el terrorismo ha generado importantes debates sobre su uso. Obama admitió la tentación de poder resolver algunos de los problemas sin tener que “ensuciarse las manos”
Sergio Muñoz Bata
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Desde que Barack Obama asumió la presidencia en 2008, la Agencia Central de Inteligencia o el Departamento de Defensa han realizado más de 300 ataques utilizando “drones”, aviones no tripulados armados con misiles, que han causado la muerte de por lo menos 2.500 personas.

Dada la naturaleza ultra secreta del programa, solo un reducido círculo cercano al presidente en turno sabe quién elabora y aprueba la lista de los condenados a muerte y quién ordena los ataques. Una circunstancia que contradice los principios de transparencia que deben regir en un sistema democrático pero que el gobierno justifica aduciendo que se trata de temas de seguridad nacional que son de carácter reservado.

A principios de febrero, durante las audiencias del comité de inteligencia del Senado para confirmar la nominación de John Brennan como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) resucitaron una serie de debates sobre el uso de los controvertidos “drones” en la guerra contra el terrorismo.

El debate dentro del comité del Senado ha girado en torno a la justificación legal del uso de “drones” en contra de un ciudadano estadounidense al que se le niega en la práctica su derecho constitucional al debido proceso que determinaría su inocencia o su culpabilidad. En particular se discute la posible participación de un panel de jueces que sancionaría la legalidad de una decisión presidencial cuando el condenado a muerte es un ciudadano  estadounidense.

INFORMACIÓN OCULTA
Brennan, quien ha trabajado para la CIA por más de un cuarto de siglo, fue asesor presidencial de Bill Clinton, director de operaciones antiterroristas en la Casa Blanca de George W. Bush y ahora de Obama, forma parte del equipo que dirige el programa de “drones” y debe haber participado en la decisión de atacar a Anwar Awlaki, ciudadano estadounidense militante de Al Qaeda, principal sospechoso de haber dirigido por lo menos cuatro ataques contra Estados Unidos, y quien fue asesinado con un misil montado en un “drone” en 2011.

Aunque la información sobre las víctimas es muy restringida, se cree que en el primer ataque con “drones” en contra de Qaed Senyan al-Harthi, el 3 de noviembre de 2002, en Yemen, pudo haber muerto también un ciudadano estadounidense que le acompañaba.

Fuera del Congreso hay otros debates en los que participan organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación, expertos en derecho internacional, iglesias y expertos en temas constitucionales que han venido solicitando información a la Casa Blanca sobre el programa de “drones” y gestionando un debate más amplio que permita determinar su utilidad como política pública, la posible violación a los derechos humanos que su uso presenta, su sustento constitucional y legal en términos de derecho internacional, así como su moralidad.

El asunto se complica todavía más porque la postura de los dirigentes de algunos de los países donde han sido usados los “drones” es sumamente ambigua. En Pakistán, por ejemplo, el gobierno sabe que los “drones” han descabezado a organizaciones terroristas como Al Qaeda que pelean contra el gobierno. Lo mismo ha sucedido en Afganistán, donde han sido utilizados para matar a altos mandos talibanes, y también en Yemen, donde han sido utilizados contra militantes de Al Qaeda que tenían en jaque al ejército Yemení.

EJECUCIONES A PUERTA CERRADA
Obama ha admitido que la tentación de poder resolver algunos de los complejos problemas de seguridad nacional sin tener que “ensuciarse las manos” es muy fuerte, pero ni Obama ni Bush han admitido haber ordenado asesinatos con “drones”. Ambos han dicho que el país está en guerra contra Al Qaeda y sus aliados y que por tanto el Presidente tiene todo el derecho a defender a la patria atacando a sus enemigos dondequiera que se encuentren. Más aún, los abogados del programa argumentan que los ataques con “drones” dan justo en el blanco y su impacto colateral es mínimo.

Sin embargo, un estudio preparado por las Universidades de Stanford y Nueva York University, contradice el optimismo oficial argumentando que el número de dirigentes de alto nivel asesinados es extremadamente bajo, un 2%, que el daño a la población civil es enorme y que el programa facilita el reclutamiento de civiles a los grupos armados que quieren vengarse de Estados Unidos.

Entiendo la tentación presidencial de encontrar un programa efectivo de ataque al enemigo en esta guerra en la que no hay un campo de batalla definido, ni uniformes y banderas que distingan los bandos, ni gobiernos establecidos con quienes se pueda negociar el fin al combate. Pero comparto muchas de las dudas que deja un programa en el que el Presidente escoge, juzga y ejecuta al “enemigo” en la soledad de un salón de guerra en la Casa Blanca, sin tener que probar ante un Tribunal que ese individuo, de cualquier nacionalidad, representa un peligro inminente a la seguridad nacional. Sobre todo, repruebo enérgicamente los bombardeos en contra de la población civil.

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