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Economía | 20/02/2013 | 2 Comentarios
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Buscan imponer modelo alimenticio a la cubana. Expertos coinciden en que el Gobierno obliga a los empleados públicos a comprar en la red chavista. Reforma del reglamento de Ley de Alimentación entró vigencia
ARIANA GONCALVES BRITO
Bicentenario
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Ayer se publicó en Gaceta Oficial número 40.112 la Reforma Parcial del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores. La medida fue firmada por Nicolás Maduro bajo el nombre de Vicepresidente Ejecutivo de la República.

El decreto refleja la modificación al artículo 5 del Reglamento, referidos a las empresas de servicio especializado, el cual reza de la siguiente manera: "se entiende por empresa de servicio especializada en la administración y gestión de beneficios sociales, aquellas cuyo objeto social principal esté dirigido a lograr que los empleadores y empleadoras den cumplimiento a la Ley de Alimentación a los Trabajadores a través de cualquiera de las modalidades previstas en su artículo 4, la cual prestará sus servicios por cuenta y orden de los empleadores que se encuentren obligados a otorgar dicho beneficio a sus trabajadores. Estas empresas podrán pertenecer a personas naturales o jurídicas, incluyendo a asociaciones cooperativas".

Froilán Barrios, integrante del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), expresó ante ésta reforma que lo que quiere imponer el Gobierno es una red de usuarios que adquieran productos en la cadenas de comercialización socialista, es decir, obligarán a los trabajadores del sector público a comprar alimentos en los mercados del Gobierno como Bicentenario, Pdval y Mercal.

Los empleados de la administración pública gozaban de otras marcas de ticket de alimentación con los que podían adquirir los productos en diferentes supermercados y que ahora serán sustituidos por nuevos tickets dados por la banca pública.

Barrios sostiene que esta modalidad contraviene la Ley de Alimentación, la cual establece la libertad de elegir. "Con esta medida publicada ayer controlarán más al empleado pues sólo la banca pública otorgará este bono alimenticio".

Por su parte, Enrique Noguera, miembro ejecutivo de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), coincidió con Barrios en que lo que quiere implementar el Gobierno es la tarjeta de alimentación al estilo cubano y obligar a los empleados públicos a que compren los productos en la red de comercialización socialista.

Tales empresas no podrán en ningún caso dedicarse a actividades propias de la intermediación financiera, crediticia o especulativa, según se establece en el artículo 9° de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras, ni a actividades diferentes a las previstas en su artículo 4°, salvo que se trate de las instituciones del sector bancario público.

Las utilidades y beneficios obtenidos por las instituciones del sector bancario público por este servicio, se destinarán al fortalecimiento y sustentabilidad de los programas y misiones en el marco de la seguridad social.

Por otra parte, el miembro del Fadess aseguró que darles ticket de alimentación a los empleados de las misiones y cooperativas es una norma excelente ya que todos los empleados necesitan su bono de alimentación y los programas sociales no gozan de contrato colectivo ni de sindicato.

 
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