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Foro por la vida | 16/02/2013
La solidaridad a juicio
Para el lunes 18 de febrero está pautado el reinicio del juicio contra la Sociedad Homo Et Natura y Provea por haber prestado apoyo, y solidaridad, a la vigilia que el pueblo indígena yukpa realizó frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia
PROVEA
Protesta yukpas
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Para el día 18 de febrero se encuentra pautado el reinicio del juicio contra la Sociedad Homo Et Natura y Provea por haber prestado apoyo, y solidaridad, a la vigilia que el pueblo indígena yukpa realizó frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.

Como se recordará, en julio del 2010 menos de un centenar de yukpas, provenientes de la Sierra del Perijá, comenzaron a pernoctar en las puertas del principal tribunal del país para exigir celeridad procesal.

Meses antes, en febrero, representantes legales de dos caciques de la etnia introdujeron una acción de amparo constitucional para invocar la aplicación del artículo 260 de la Constitución, el cual expresa: "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes...".

El motivo de la interpelación fue la detención de tres indígenas acusados de estar vinculados a los homicidios ocurridos el 12 de octubre de 2009, producto de un enfrentamiento dentro de una finca, la cual había sido ocupada para presionar al Estado venezolano por la celeridad en el proceso de demarcación de tierras.

Por tanto, la protesta indígena frente al TSJ no era un hecho casual, sino consecuencia de dos omisiones gubernamentales: los nulos avances en el proceso de demarcación de tierras indígenas y el retardo procesal en dar respuesta a la acción jurídica.

Como se denunció en su momento, los indígenas permanecieron varios días en la vigilia sometidos a hostigamientos de las autoridades.

El 22 de julio funcionarios de la Guardia Nacional y del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente amenazaron con el retiro del lugar de los niños, niñas y adolescentes de los brazos de sus madres y representantes, para supuestamente salvaguardar su integridad física.

Por insólito que parezca, esta es la base de la demanda contra las dos organizaciones defensoras de derechos indígenas. Provea entiende que el trabajo de garantizar el disfrute de la dignidad humana, para todos y todas, pasa obligatoriamente por fortalecer la autoorganización y autonomía de los sectores populares en el reclamo de sus derechos.

Por ello Provea reseñó y reivindicó en su página web la toma del tribunal. Entrevistó a integrantes del pueblo indígena y convocó a la solidaridad activa con los yukpas. Ese hecho, informar y además expresar nuestra solidaridad con la lucha de los yukpas, según el expediente, también son motivos de juicio.

A pesar de los continuos descalificativos, las campañas de desprestigio y las amenazas de todo tipo, incluyendo las judiciales, Provea continuará del lado de las víctimas. Sin embargo, no es la sanción contra nuestra organización, del tipo que sea, el asunto que más nos preocupa.

Una sentencia condenatoria constituiría una jurisprudencia en contra de la posibilidad de que los pueblos indígenas de Venezuela ejerzan su derecho a la protesta.

Como cualquier estudiante de antropología del primer semestre conoce algunas comunidades indígenas, como es el caso de los yukpas, actúan teniendo siempre a la unidad familiar como eje de sus acciones.

Acusar a los indígenas yukpas de utilizar a sus niños como escudos humanos es, sencillamente, desconocer su cultura y cosmovisión.

¿Por qué esos funcionarios no se preocuparon y preocupan por las carencias que los indígenas tienen en sus hábitats? ¿Por qué no una acción de protección para exigir al Estado que les garantice mejor calidad de vida?

Una extraña paradoja ha hecho que los mismos argumentos contra la lucha yukpa sean los que el Estado chileno ha utilizado contra los indígenas mapuches.

Por otra parte, el juicio será una nueva oportunidad para visibilizar los problemas estructurales padecidos por las comunidades originarias del país: el estancamiento de la demarcación de sus territorios; la ausencia del derecho de consulta previa, libre e informada; el impacto de la explotación energética en sus territorios y la presencia de militares y otros actores armados en sus territorios.

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