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Provea | 15/02/2013 | 2 Comentarios
Devaluación y obligación
Si la medida en sí agrava la situación de los sectores más vulnerables, sin duda la medida resulta contraria a la obligación de respetar y satisfacer los derechos humanos
MARINO ALVARADO B.
Bolívares
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Desde la perspectiva de los DDHH, toda medida adoptada por el gobierno, ya sea de naturaleza económica, social o política, tiene necesariamente que analizarse desde las obligaciones que tiene el Estado con las personas para satisfacer sus derechos.

Analizaremos en esta oportunidad la medida ejecutada de devaluar la moneda y la contrastaremos con sus obligaciones. Son tres: Respetar, que le impone el deber de no hacer nada que produzca una afectación de los derechos. Proteger, que le impone el deber de adoptar medidas para evitar que terceros menoscaben los derechos, y Cumplir, que lo obliga a adoptar medidas para garantizar la realización y satisfacción de los derechos.

Estas obligaciones deben interpretarse desde los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, así como por los mandatos de la Constitución, y considerar la realidad social del país. Venezuela suscribió y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

De ese acto jurídico se desprende la obligación general para los entes y órganos del Estado de diseñar e implementar políticas y medidas que produzcan, por un lado, la satisfacción de los derechos y por el otro evitar que sean violentados. ¿Es contraria la devaluación al PIDESC? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el Pacto y analizar las medidas denominadas de ajuste económico, ha establecido que muchas veces esas medidas son inevitables.

Sin embargo, expresamente ha indicado que se exige a los Estados que la meta de la protección de los derechos de los pobres y las capas vulnerables de la población llegue a ser un objetivo básico del ajuste.

Si la medida en sí agrava la situación de los sectores más vulnerables, sin duda la medida resulta contraria a la obligación de respetar y satisfacer los derechos humanos. Si en lugar de contribuir a erradicar la pobreza, la mantiene o la acrecienta es contraria a los DDHH.

La experiencia con devaluaciones anteriores es que tales medidas afectan a los sectores de menores recursos. Se incrementa el costo de la vida en áreas como alimentación, medicinas, electrodomésticos, vestido. Se produce una disminución real del salario de los y las trabajadoras. No contribuyen a erradicar la pobreza.

Las medidas macroeconómicas, que no toman en cuenta los efectos en la microeconomía del que vive de su salario día a día, resultan buenas para balances económicos nacionales, pero malas para el balance económico de las familias, principalmente las más pobres. Todo parece indicar que la devaluación termina devaluando la satisfacción de varios derechos y por lo tanto el Estado incumpliendo sus obligaciones.

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