En su pasado informe "15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político" Provea realizó un balance del comportamiento de los derechos civiles y políticos durante década y media, período 1997-2011. De las distintas cifras queda en evidencia que hay un gran déficit en materia de derechos humanos relacionados con el derecho a la vida, la integridad física, derecho a la justicia, los derechos de las personas privadas de libertad.

La violencia en las cárceles con el resultado cotidiano de muertos y heridos es uno de los graves problemas de violaciones a los derechos humanos en el país. De 1997 al año 2011 fueron asesinadas en las cárceles venezolanas un total de 5.862 personas privadas de libertad. En ese mismo lapso resultaron heridos 17.725 reos. Las cifras son más que elocuentes del fracaso de las políticas públicas en materia penitenciaria.

Una situación delicada que ya existía antes que el presidente Chávez asumiera el cargo pero que se ha mantenido y agudizado en todos sus años de gestión. A este problema de las cárceles se suma otro también grave: la práctica de la tortura y de las ejecuciones realizadas por la policía. En el país hay 123 cuerpos policiales y en buena parte de ellos se maltrata al detenido de diversas formas.

Si bien en este aspecto se han desarrollado algunas políticas públicas orientadas a atender la problemática en sentido estructural los resultados hasta la fecha son pocos. Nos referimos a la reforma policial y el impulso de un nuevo modelo de policía en el país, que es la esperanza de lograr a mediano plazo reducciones importantes en la cantidad de violaciones a los derechos perpetradas por las policías.

La práctica de la tortura se instaló en algunos cuerpos policiales, y se convirtió casi en un hecho cotidiano. Un ejemplo es lo ocurrido en junio de 2006, cuando fueron asesinadas tres personas presuntamente mediante torturas que les fueron aplicadas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en El Rosal, Caracas. Por ese hecho fueron procesados varios funcionarios.

El resultado de aplicar la tortura y de no garantía del derecho a la vida en las cárceles venezolanas, es la violación constante de los derechos humanos de la persona privada de la libertad desde el momento en que es detenida y a lo largo del tiempo en que permanece tras las rejas.

Lo ocurrido recientemente en la cárcel Centro Penitenciario Región Centro Occidental, más conocida como Uribana, no puede analizarse como un hecho de violencia más en una cárcel. Es la consecuencia de la falta de garantías para cualquier persona que por alguna circunstancia es detenida por la policía y luego enviada a una cárcel.

Los hechos de Uribana deben investigarse con trasparencia y determinar responsabilidades, pero hay que traspasar el problema carcelario y enfrentar la violencia institucional contra las personas a quienes se les priva de libertad en el país investigadas, procesadas o condenadas.