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Cronicario | 30/01/2013
Chinos reeducados
Trabajan 10 horas diarias por un euro al mes, hacen instrucción continua y apenas duermen. Muchos de los 310.000 encarcelados sin sentencia son simples críticos con el régimen de Pekín
JOSE REINOSO / El País
Chinos encarcelados
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El 19 de marzo de 2011, Huang Chengcheng, un joven de la municipalidad de Chongqing, fue arrestado formalmente por la policía, acusado de “conspirar para derrocar al Gobierno”.

Las pruebas: dos textos que había escrito en el servicio de mensajes cortos QQ, en los que citaba a los amigos a salir a tomar un té de jazmín, al calor de las convocatorias que circularon en Internet en China instando a la gente a pasear en lugares céntricos de las ciudades como forma pacífica de protesta. Sin necesidad de juicio, tribunal ni sentencia, Huang fue enviado días después al campo de trabajos forzados Shanping, en Chonqging.

El mundo vivía la eclosión de las revoluciones árabes —o del jazmín—, y el Gobierno chino, alarmado ante la posibilidad de un contagio, lanzó por todo el país una dura campaña contra activistas y disidentes. Huang cayó así en el sistema de reeducación por el trabajo, que permite a la policía encarcelar hasta cuatro años sin necesidad de juicio.

“Dos mensajes fueron toda la evidencia de mi crimen. Pasé 21 meses en campos de reeducación; hasta las 3.50 de la tarde del 17 de diciembre de 2012”, explica por teléfono. “Pretenden cambiar tu comportamiento. Nos obligaban a cantar canciones revolucionarias, a sentarnos de una determinada forma, a caminar en fila. Nos hacían formar como en el ejército, nos adoctrinaban. Buscaban cansarnos lo máximo posible para que no pensáramos en nada más”.

El sistema, inspirado en el modelo soviético, data de mediados de la década de 1950. Originalmente, surgió para encarcelar a “contrarrevolucionarios”, “capitalistas” y críticos con el nuevo Gobierno comunista de Mao Zedong, tras la fundación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949. Pero, más tarde, fue extendido a autores de otros delitos, prostitutas o drogadictos. Es ampliamente utilizado también contra activistas políticos y religiosos, y miembros del movimiento de inspiración budista Falun Gong, que Pekín considera un “culto diabólico”, por lo que lo ilegalizó a finales de la década de 1990.

Según el Ministerio de Justicia, en 2008 había en China 160.000 personas internadas en un total de 350 de estos centros. La cadena de televisión pública CCTV eleva el número a 310.000, en 310 centros.

La reeducación por el trabajo es un sistema de detención administrativa para delitos menores, dictada por la policía fuera del sistema judicial. Es distinta de la antes llamada reforma por el trabajo (laogai), que incluye prisiones, granjas y campos de trabajos forzados para condenados por un tribunal, con penas más largas. Estas instalaciones continúan, pero el Gobierno no usa el término laogai desde mediados de los noventa.

En Shanping, Huang fue obligado a trabajar primero en el equipo dos de la unidad cinco, donde fabricó componentes de motocicletas, y luego en el equipo dos de la unidad uno, donde, según dice, se producen cables de automóvil para la compañía china Changan. “Trabajaba 10 horas al día. A veces más, a veces menos, dependiendo de las necesidades en la factoría. Dormíamos muy pocas horas, porque también teníamos todas las otras actividades”. En Shanping, los presos están repartidos en siete unidades, según cuenta: de la uno a la nueve. No existen la número cuatro —cuya pronunciación es similar a la de la palabra muerte— ni la ocho —número de la suerte en China, ya que suena como fortuna—. Le pagaban ocho yuanes (un euro) al mes.

En cada unidad había entre 100 y 300 internos. “Son peticionarios [personas que protestan ante las autoridades por causas que van desde las expropiaciones ilegales de tierras hasta la corrupción o injusticias en los tribunales], pequeños ladrones, participantes en altercados públicos, proxenetas, y gente como yo, que es detenida por sus palabras”, afirma este hombre de 29 años. En la habitación en la que él dormía se apiñaban 16 personas en literas dobles. La unidad siete era la de los miembros de Falun Gong.

Los campos de reeducación han sido muy criticados por organizaciones internacionales como Naciones Unidas, pero también, dentro de China, por abogados y académicos, que los consideran ilegales y fuente de abusos. Además, son campo de corrupción, con familiares de detenidos que pagan a los funcionarios para reducir sus penas o para mejorar su alimentación.

“El sistema de reeducación por el trabajo viola la Constitución china y la ley, no es humanitario, ha sido utilizado en muchos casos injustos, falsos y erróneos y causa muchas peleas en la sociedad. Es hora de que sea abolido”, afirma Hu Xingdou, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Pekín, que ha denunciado con frecuencia el modelo. “Quienes están internados no han quebrantado la ley criminal, y estos campos son ilegales; por tanto, no son criminales. Este sistema priva a la gente de sus derechos sin un juicio”, añade Pu Zhiqiang, un abogado que ha llevado muchos casos sensibles y contribuyó a la liberación de Huang.

Desde hace años, el Gobierno dice que va a reformar el sistema. Pero la presión, entre otros, del Ministerio de Seguridad Pública, que ha advertido de que su eliminación supondría una amenaza para la estabilidad social, ha ido retrasando la decisión. Sus defensores argumentan que ayuda a reducir la criminalidad. Algunos expertos consideran que su cambio podría aumentar los casos en los ya muy sobrecargados tribunales, y otros, que su transformación supondrá una merma de ingresos para los Gobiernos locales, que se benefician de la mano de obra gratis para fabricar productos, que incluso son exportados.

La llegada de Xi Jinping, en noviembre pasado, a la secretaría general del Partido Comunista Chino (PCCh) y sus llamamientos a luchar contra la injusticia y la corrupción parecen haber dado un nuevo impulso a la reforma.

El Diario del Pueblo —órgano oficial del PCCh— publicó en noviembre un editorial en el que decía que la reeducación viola la ley y se ha convertido en “una herramienta de venganza” en manos de algunos. A principios de enero, Meng Jianzhu, miembro del Politburó del PCCh y director del Comité de Asuntos Políticos y Legales, aseguró que su uso “finalizará este año”, tras la aprobación en el Parlamento, cuya sesión anual tiene lugar en marzo. Las declaraciones del alto funcionario fueron matizadas, poco después, por la agencia oficial Xinhua: “El Gobierno chino promoverá este año las reformas de su controvertido sistema de reeducación por el trabajo, que, según expertos, contradice leyes superiores, incluida la Constitución china”.

Huang, un operario especializado en máquinas de control numérico, afirma que la seguridad en Shanping es, incluso, “mayor que en una cárcel”, y el régimen de funcionamiento, muy estricto. “Tienes las llamadas seis posiciones fijas obligatorias. Cada interno tiene su mesa y su lugar en ella para comer, su sitio en las filas, su lugar para las clases de estudio, su puesto de trabajo, su cama. No puedes caminar libremente, y si incumples las normas, te castigan de pie durante horas, te confinan en solitario en una habitación pequeña o te golpean. Además, te deducen puntos y alargan tu estancia”. Dice que los maltratos son frecuentes. “He visto a menudo pegar a internos hasta que sangraban y tenían que darles varios puntos en la cabeza. Quienes pegan no son los policías, sino otros empleados”.

Algunos críticos temen, sin embargo, que la reforma sea solo una operación de maquillaje. Según Human Rights Watch, en los últimos años, Pekín ha considerado sustituir los campos de reeducación por un sistema de detención que “dejaría esencialmente intactas características clave del mecanismo existente: un sistema de detención administrativa, bajo el control del Departamento de Seguridad Pública, que existiría en paralelo al sistema criminal formal y permitiría detenciones a largo plazo sin los beneficios de un juicio y el debido proceso legal”. Según la organización, “utilizaría un nombre diferente, establecería una sentencia máxima y, en teoría, permitiría algunos derechos procesales, como el acceso a un abogado”.

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