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Economía | 29/01/2013 | 4 Comentarios
Sabotaje chavista
La empresa de refrescos anuncia que tomará medidas legales debido a las protestas de algunos trabajadores, a los que acusa de sabotaje a la planta que ha causado la paralización de la producción
Pepsi
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Desde hace tres día representantes sindicales y trabajadores de Pepsi- Cola Venezuelaubicada en Caucagua, estado Miranda, se han plegado a diferentes protestas que han provocado la paralización de la producción en dicha planta. Este martes la empresa de refrescos expresó su descontento con la situación y anunciaron que tomarían medida legales.

Lea comunicado completo:

Estas acciones atentan deliberadamente contra la seguridad alimentaria, pues en esta instalación se producen bebidas esenciales para la familia venezolana como los jugos. La obstaculización y paralización de las operaciones productivas están prohibidas y son castigadas por la ley.

La situación obliga a Pepsi-Cola Venezuela a introducir una denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Miranda, debido a que este grupo ha cometido una serie de actos criminales que suponen delitos como sabotaje y boicot contemplados en la Ley Especial para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Leydepabis), así como delitos contra la libertad de trabajo e instigación a delinquir, de acuerdo con el Código Penal.

“Todas estas violaciones están claramente definidas en las leyes venezolanas, por lo que vamos a solicitar la investigación y a ejercer acciones penales. En Pepsi-Cola Venezuela condenamos estos actos criminales que atentan contra la seguridad alimentaria y que han entorpecido la producción y distribución de bienes esenciales e indispensables para los consumidores”, aseguró Mariluz Santana, asesora legal de la empresa.

“La empresa privada junto al Gobierno Nacional tienen el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria de la población venezolana y han hecho grandes esfuerzos por honrarlo, pero lamentablemente un grupo de trabajadores atenta gravemente contra esta responsabilidad”, expresó la abogada.

Aclaró además que “ningún organismo oficial ha autorizado una huelga en esta instalación. Por lo tanto, detener o sabotear la operación es un delito que tiene graves consecuencias. Esta paralización ilegal ha causado pérdidas importantes de materias primas y grave impacto a la producción y distribución de los productos”.

Pepsi-Cola Venezuela hace un llamado a la Inspectoría del Trabajo para que preste toda su colaboración en la solución de esta grave situación que afecta a la gran mayoría de los trabajadores de la planta que no están de acuerdo con estas acciones, a la compañía y a los consumidores venezolanos. “En diciembre ya hicimos una denuncia y la situación sigue sin solucionarse”, precisó la vocera.

Santana explicó que ha habido ausentismo masivo de trabajadores, lo que ha originado la paralización de la mayoría de las líneas de producción. “La semana pasada pararon completamente 7 líneas y se dejó de producir 80% de lo que se tenía previsto. En los últimos 3 días se han perdido 53.000 litros de jugos por impedir el trabajo de otros y por el alto nivel de ausentismo, que además alcanzó 28% el pasado viernes, pues faltaron injustificadamente 77 personas”, detalló.

La abogada describió que han aparecido cables cortados en el panel de una de las llenadoras, lo que hizo que se perdieran 2.000 litros de YukyPak, además de una serie de acontecimientos deliberados que ponen en riesgo la producción y a los trabajadores que nada tienen que ver con los intereses particulares de este grupo que comete acciones delictivas.

“Nos sorprenden estas reacciones desproporcionadas de un grupo minoritario cuando tenemos ocho meses negociando el proyecto de convención colectiva con excelentes beneficios socioeconómicos que siguen manteniendo a nuestros trabajadores como los mejor pagados de la industria. Para continuar negociando, la operación debe retomar su total normalidad. Esas acciones de vandalismo desvían las conversaciones y retrasan el acuerdo”, afirmó.

“Estamos ante una grave y lamentable situación de agresión directa contra la empresa y sus trabajadores, contra la seguridad alimentaria de los venezolanos. Como empresa responsable vamos a ejercer todas las acciones legales que nos corresponde para detener estas violaciones a las normas constitucionales y legales”, finalizó Santana.

 
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