Se desarrolla en los actuales momentos un juicio contra las organizaciones de derechos humanos Homo et Natura con sede en el estado Zulia y contra Provea. La razón: habernos solidarizado en julio de 2010 con una acción de exigibilidad de derechos realizada por el pueblo indígena Yukpa frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En aquella oportunidad un grupo de indígenas Yukpa, incluidos algunos adolescentes, niños y niñas, permanecieron por varios días en la sede del TSJ exigiendo se cumpliera con el mandato de la Constitución que establece que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes.

La organización Homo et Natura a través de un pronunciamiento público emplazó con argumentos jurídicos a la Sala Constitucional a pronunciarse sobre una acción de amparo constitucional que exigía se aplicara la jurisdicción indígena. Haber publicado ese pronunciamiento es motivo de demanda.

Provea por su parte reseñó y reivindicó en su página web la toma. Entrevistó a integrantes del pueblo indígena y convocó a la solidaridad con los Yukpa. Ese hecho, informar y además expresar nuestra solidaridad con la lucha de los Yukpa, es motivo de juicio.

Se pretende criminalizar en el caso de las dos organizaciones el que cumplamos con nuestro mandato como asociaciones promotoras y defensoras de derechos humanos y con el cumplimiento del deber constitucional establecido en el artículo 132 de la Constitución que determina el deber de toda persona de participar de manera solidaria en la vida del país y de defender los derechos humanos. Es decir, enjuiciados por cumplir con la Constitución. Así que si se nos pretende castigar por cumplir con nuestras obligaciones sociales y por ser solidarios asumimos el reto y los riesgos. Hemos apoyado y seguiremos apoyando a los pueblos indígenas en sus procesos de exigibilidad de derechos.

Sin embargo hay un problema más de fondo y más preocupante. Lo que se pretende es criminalizar la protesta Yukpa. Funcionarios que se dicen de pensamiento de avanzada, progresistas, tanto de la Fiscalía como del Consejo de Protección del Municipio Libertador, usan los mismos argumentos con los que los más conservadores en Chile, por ejemplo, pretenden descalificar las justas exigencias del pueblo indígena Mapuche.

Acusar a los indígenas Yukpa, como se acusa a los Mapuches, de que los niños son utilizados como escudos humanos es desconocer la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas. En el caso particular Yukpa que se movilizan permanentemente en familia. Más grave y asombroso calificar como potenciales asesinos a unos niños, niñas y adolescentes por el hecho de que portaban flechas en los espacios frente al Tribunal.

Preguntamos: ¿por qué esos funcionarios no se preocuparon y preocupan por las carencias que los indígenas tienen en sus hábitat? ¿Por qué no una acción de protección para exigir al Estado les garantice mejor calidad de vida?