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La Nación | 09/01/2013 | 2 Comentarios
Lo pagarán
El abogado Luis Ramos Reyes aseguró que la AN realizó una interpretación errónea de la Constitución, por lo que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia por sus actos
Luis Ramos Reyes
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El abogado defensor del exmagistrado Aponte Aponte, Luis Ramos Reyes aseguró en una entrevista para Noticias 24 radio que  “en la AN hicieron una interpretación errónea a la disposición constitucional, lo que se llama un falso positivo, pues las causas sobrevenidas son para el órgano y no para la persona”.

El abogado indicó que “el candidato electo que será el Presidente de la República le toca asumir el 10 de enero. Los lapsos constitucionales están muy claros en la Carta Magna y las funciones se asumen en la fecha establecida, cómo, ratificando o nombrando a nuevos funcionarios y se formaliza en gaceta oficial”.

Ramos reiteró que “el candidato reelecto está ausente y no hay excusa para esto, pues el estatuto establece los permisos para el Mandatario en ejercicio y eso será hasta el próximo 10 de enero”.

El jurista manifestó que “la juramentación ha debido realizarla el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, y activar una junta médica. En este aspecto soy radical porque soy constitucionalista y por respeto a la voluntad popular que decidió el 7 de octubre por la propuesta del actual Gobierno sostengo esta teoría.

El abogado consideró que “se están colocando por encima de la voluntad del propio mandatario, quien hizo un llamado antes de irse del país y señaló que Maduro cumpliera lo que faltaba de su período y fuera candidato electoral en un caso como este”.

Señaló que si el 10 de enero no se juramenta a un Presidente encargado: todos los funcionarios incurrirían en un delito de usurpación de funciones, porque no han sido designados por el Jefe de Estado. Estaríamos en presencia de un golpe constitucional y actos abuso de poder. La continuidad administrativa es un principio rector del derecho y no de los funcionarios”.

“Estos diputados, sin facultades para este tipo de decisión, que están actuando ajenos al mandato constitucional, tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia por sus actos”, sentenció.

 
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