El año 2013 comienza con el asesinato del pran del Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y II, Deivis Teobaldo Rodríguez Aponte, de 26 años de edad, quien mantenía el "gobierno" de hecho en las instalaciones de este establecimiento carcelario, llevaba 4 años en prisión, y como dicen en la subcultura carcelaria, se le volteó el pueblo, e hicieron cambio de gobierno.

Este penal se encuentra bajo medidas provisionales, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 30 de marzo de 2006, en las cuales le "requirió al Estado que, sin perjuicio de las medidas de implementación inmediata ordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte aquéllas necesarias para: a) decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, b) separar a los internos procesados de los condenados y c) ajustar las condiciones de detención de la cárcel a los estándares internacionales sobre la materia".

Si contamos la cantidad de internos fallecidos en esta cárcel desde el 2006, podremos darnos perfecta cuenta de que lamentablemente el Estado no cumple sus compromisos internacionales, la muerte de este interno revela que los penales del país están bajo el control de la población reclusa, esta es una verdad.

En la Cárcel de Tocuyito, también fueron asesinados los internos Onorio Rafael Crespo Dorante de 42 años y Julio José Jiménez de 27.

En este 2013 la Asamblea Nacional tiene una deuda con el sistema penitenciario, se trata del Código Orgánico Penitenciario, que, dicen, está listo para su segunda discusión, pero la pregunta que nos hacemos:

¿Estarán cumpliendo el artículo 272, que establece: "El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos.

Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales"?

Ojalá que nuestros legisladores no hayan negociado la descentralizacion, ahí esta la verdadera transformación del sistema; de no hacerlo están condenados a sufrir el señalamiento del pueblo, cuando se les acabe su gestión.

¿Por qué no lo hiciste cuando pudiste hacerlo? A través de esta trinchera de los Derechos Humanos de la población reclusa, quiero lanzarle un llamado a las autoridades del Ministerio Penitenciario: ¿por qué no comienzan a entregarle a dos gobernadores del gobierno y a dos gobernadores de la oposición las cárceles de su región a ver quién lo hace mejor?