Qué duda cabe. A todo evento, esa ley de leyes que es la Constitución establece reglas de juego fundamentales que, permítaseme la redundancia, constituyen los fundamentos sobre los cuales de levanta el andamiaje de una república. Es decir: la constituyen. Son las reglas de juego de todos: de los políticos a la hora de disputarse y ejercer el poder, de los empresarios y los trabajadores en el proceso productivo, de los ciudadanos en la relación social de unos con otros. Las normas legales, más concretas, más precisas, deben, pues, amoldarse a esta fragua esencial y básica.

Es tal vez debido a esta condición general que por definición sella a una Constitución, que muchos recomiendan, no sin razón, que las constituciones deben ser flexibles, amplias y breves. Se entiende que luego las leyes, que de suyo pueden ser reformadas con más facilidad, desarrollarán los principios constitucionales de modo que se adapten a condiciones concretas siempre cambiantes.

El ciudadano debe tener siempre la posibilidad de cambiar esas normas a riesgo si no de enajenarse, de alienarse respecto de su propia creación: el texto constitucional. En este margen de maniobra radica buena parte de la libertad como derecho político y civil.

Cuando las Constituciones pretenden llegar a detalles innecesarios, y por tanto se vuelven rígidas dado que por propia naturaleza su reforma debe ser más exigente, más enrevesada y menos frecuente, entonces pueden ocurrir contradicciones inconvenientes y problemáticas entre el texto constitucional de una república (es decir, entre la institucionalidad de una república) y la siempre arisca, temperamental y autónoma realidad.

Misión de una Constitución es reglamentar el "juego" de la política. En la disputa y el ejercicio del poder político, consustancial a la condición humana pues como ya nos dijeron los antiguos el ser humano es por naturaleza un ser político, más aún si esa disputa y ese ejercicio pretenden ser democráticos, deben existir algunas normas que todos respeten por mutuo acuerdo, para que así la convivencia pacífica pueda preservarse. Pero la Constitución no puede convertirse en una camisa de fuerza para la política.

Antes por el contrario, debe dejar margen a esa libertad de la que hemos hablado más arriba, para que los ciudadanos por sí mismos y en ejercicio de su libre albedrío lleguen a los acuerdos que permitan el normal funcionamiento de una república (dentro de ciertos parámetros necesariamente generales, por supuesto). Esto es aún más así cuando, como suele ocurrir, una Constitución tiene vacíos y lagunas que sólo la interpretación, y por tanto las analogías, pueden llenar.

Cuando la Constitución no dice con precisión lo que hay que hacer y debe apelarse a la libre acción de los seres humanos para resolver situaciones políticas sobrevenidas, nunca está demás partir de un reconocimiento: quien ha sido atribuido de la mayoría popular, y detenta esa legitimidad democrática básica, tiene la voz cantante.

Quien no, debe aceptar esta realidad con humildad y, siempre y cuando no se vulneren principios constitucionales esenciales y no se abuse de la condición de mayoría para violentar los derechos de las minorías (subrayo: siempre y cuando no se vulneren principios constitucionales esenciales y no se abuse de la condición de mayoría para violentar los derechos de las minorías), ayudar a la marcha de las instituciones. Y si, en vez de las enmiendas constitucionales que serían posibles, esa disposición no es valorada y la vulneración y el abuso ocurrieren, sólo le queda a los pueblos democráticos un sólo camino: la paciente lucha en la calle para lograr la conformación de mayorías democráticas (es decir, populares) que restituyan la Constitución y el Estado de derecho.