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Cronicario | 13/12/2012
Paraíso en el fuego
Ocurre que las poblaciones indígenas del Cauca, integradas por cerca de una decena de etnias precolombinas, viven desde hace seis décadas atrapadas en medio del fuego cruzado que mantienen en estos montes el ejército del país y el grupo guerrillero
JALED ABDELRAHIM / FOTO: Alejandra Inzunza. El País
Colombiano
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La condición sine qua non era mantener el palo de madera sujeto bien arriba. Que se viesen perfectamente desde lejos volar las cintas rojiverdes de su extremo alto. Mientras, Quintín (nombre ficticio), un jovencísimo chico de etnia Nasa, conduciría una moto de campo conmigo de paquete por unos pedregosos senderos de montaña. Me iba a mostrar la severa realidad que vive su gente, los pobladores indígenas de la región del Cauca (Colombia).

“Esto que llevas es mi bastón, el bastón de la Guardia Indígena. Es el único signo que tenemos  para que mientras que nos movamos no nos disparen ni las FARC ni el ejército, que están aquí escondidos por todos lados. No lo bajes”, advierte serio este miembro del autónomo y desarmado cuerpo de seguridad nativo. “Aunque ahora ya casi tampoco se respeta a la Guardia”, añade resignado mientras comprueba las amortiguaciones del vehículo. Se multiplica por diez mi grado de nerviosismo.

El departamento del Cauca es un paraíso natural situado al suroeste del país que recoge el nudo cordillerano andino del Macizo Colombiano. Allí nacen los sistemas montañosos central y occidental y los dos grandes ríos que los atraviesan, el Cauca y el Magdalena. Subir por sus colosales cerros, pasear por sus modestas ciudades, contemplar su naturaleza o interactuar con la personalidad bromista de sus pobladores ya es una experiencia intensa en sí. Una cata de la esencia tradicional y pura de este estado. Pero ese marco de maravillas, habitado por cerca de un millón y medio de habitantes, también contiene una pesadilla que sufren en su mayor grado los 250.000 pobladores que moran las 19 comunidades indígenas del norte de este departamento. Ellos me invitan a acompañarles tres días y recorrer su región. En este lugar, Colombia esconde un injusto contexto desde el que asoma el pacífico grito de lucha de una comunidad enclaustrada. 

Un rato después de partir con Quintín desde el cabildo de Corinto, montaña arriba, a orillas de Río Negro, el joven guardia detiene el motor frente a la casa de una mujer en una vereda llamada Media Naranja. Ha parado en la vereda para que vea cómo son estas pequeñas agrupaciones de casas encaramadas a la montaña selvática que dependen administrativamente del cabildo (poblado principal), que está a las faldas. En Media Naranja habitan 300 personas en humildes construcciones. Una de ellas es la mujer de enfrente de la moto, en cuya vivienda se ven los agujeros de la bomba que lanzaron las FARC en esa dirección la última vez que el ejército colombiano eligió hacer ruta a escasos metros de su domicilio, y en cuya pierna permanece el dolor de la esquirla que entró por la pared y aterrizó en su rodilla, aún hoy perjudicada.

Ocurre que las poblaciones indígenas de este departamento, integradas por cerca de una decena de etnias precolombinas, viven desde hace seis décadas atrapadas en medio del fuego cruzado que mantienen en estos montes el ejército del país y el grupo guerrillero. Sin comerlo ni beberlo, sus tierras se convirtieron en la línea de medio campo del partido de balas, bombas, cohetes, minas y demás armamento pesado que vuela de cerro a cerro en ambas direcciones por encima de sus cabezas.

A estribor, y a corta distancia, sufren el acoso de una guerrilla con la que algún día compartieron ciertos ideales, pero que hoy se ha convertido en el coco que desestabiliza su tranquilidad, dispara frente a sus casas, extorsiona sus ganancias, seduce mafiosamente a algunos de sus jóvenes y suscribe un número creciente de amenazas y asesinatos por supuestas afinidades con las fuerzas del estado. Por babor les llegan los militares. Un cuerpo a las órdenes de gobierno ante el que aseguran sentirse permanente objeto de sospecha y cuya determinación de combatir a las FARC sobre el terreno pasa por atrincherarse entre las casas de los autóctonos, someterlos a controles, ocupar como bases sus tierras o contabilizar víctimas colaterales. Según cuentan los líderes de las comunidades, y los datos aportados por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la tensión bélica en los últimos años ha empeorado. Por eso estos pueblos han decidido reclamar el suelo y la calma que les pertenece y reivindicar un punto final a su presente desesperado. 

“Hemos pedido al ejército y a la guerrilla que abandonen nuestro territorio de inmediato”, me explica la noche antes de la excursión motorizada Julio Tumbo, gobernador del cabildo de Corinto. El julio pasado su administración y las del resto de los territorios decidieron congregarse y levantar sus voces para poner fin al macabro problema. Remitieron dos cartas: Una destinada al líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y otra al ejército colombiano. Las misivas exigían que saliesen de su territorio todos los cuerpos armados. El caso fue omiso. Pero el gesto marcó el inicio de una lucha sin tregua –y a dos flancos- a la que los indígenas del Cauca acuden con propuestas y sin más armas que los bastones de madera que portan los 5.000 miembros de su Guardia. Pesimistas con el actual proceso de paz  entre ambos actores bélicos y hartos de ser el daño a terceros del accidente, quieren volver a hacerse con el control de su terreno: “Ni podemos soportar esto más años ni queremos contar más muertos”, dice Tumbo. “Tenemos derecho a disponer de nuestras veredas, a salvar a nuestra gente, a conservar nuestras costumbres y a proteger a la Madre Tierra. Que se acabe este conflicto que solo busca desplazarnos a nosotros”, culmina su reivindicación.

Efectivamente, la tierra les pertenece. La Constitución colombiana establece para las comunidades indígenas del país una autonomía que conlleva su autodeterminación administrativa y judicial y la disposición de sus territorios como entidades autónomas propias. Quintín hace un alto en una curva del camino de ascenso para que observe al frente. Lleva toda la vida recorriendo estos senderos y sabe que ese punto de la montaña es todo un palco de honor al espectáculo estático de su tierra. Cerros que se sobreponen, verde salvaje, roca virgen y nubes que se divisan mirando hacia abajo. Las veredas se asoman entre la foresta. El joven guardia me da tiempo a que cierre la boca y estira el índice hacia  delante: “Todo eso se supone que es nuestro”.

La ironía de su frase se encarna un tramo de ruta más adelante. Se trata de la situación que vive Diego, un habitante de Media Naranja que posee -o poseía- unas tierras de pasto y ganado unos kilómetros más arriba. Hace tiempo que no va a verlas porque casi las ha dado por “perdidas”, pero hoy está dispuesto a conducirnos hasta allí. A una media hora, en lo más alto de un cerro, hay una alambrada que antes rodeaba su pasto y sus vacas y ahora es el perímetro de seguridad del ejército. No se ve a nadie hasta que decidimos cruzarla. Es entonces cuando militares con armas largas parapetados en aparatosos uniformes verdes aparecen de entre los arbustos y las trincheras que han cavado en las tierras de Diego.

-¿Quiénes son ustedes?, pregunta el Sargento Vergara.
- Prensa. Éste señor es el dueño de esta parcela. Me he metido aquí porque iba con él. Sólo queríamos hablar con ustedes.
- ¿Qué ocurre?
- Ustedes se han atrincherado en este lugar para luchar contra las FARC.
-Así es.
-¿Y tuvieron que comunicarle a este señor que iban a ocupar sus terrenos?
- Seguimos órdenes de los mando de arriba. Estamos aquí para dar seguridad y para colaborar con la gente.
- Pero este señor ha tenido que soltar sus vacas y se ha quedado sin tierras, y cuando se ha acercado por aquí dice que nadie le ha dado ninguna explicación ni le han comunicado si merece una indemnización por esto.
- Quizás si va a la ciudad, a las oficinas de la brigada, le puedan dar alguna solución. 

Seguimos camino. Quintín comprueba de reojo por el retrovisor que no se me ha olvidado mantener arriba el bastón mientras seguimos viajando de vereda en vereda. Me cuenta que la tensión en la zona está a flor de piel y que los combates en los montes, lejos de disminuir a razón de los acuerdos, se han incrementado. Las evidencias de su afirmación se perciben en las paredes de las viviendas, en los restos de cohetes y casquillos que aparecen regados por los senderos de arena y en las historias que narran los vecinos. Él mismo, según relata, tiene que presentarse a menudo en la línea de fuego con su bastón en alto para recoger a las víctimas o los heridos indígenas que quedan de saldo tras los combates diarios. En el último lustro, entre homicidios y asesinatos, los representantes indígenas del Cauca contabilizan una media que ronda el medio centenar de fallecidos al año.

Lo cierto es que ya me había topado con el ejemplo de la versión de Quintín la noche anterior, la que pasé albergado en la sede del cabildo de Corinto. En ese pequeño pueblo, a las diez de la noche ni siquiera se puede salir a la calle. A la presencia de batallones militares y pasquines de la guerrilla regados por sus aceras se les ha unido la reciente presencia de grupos paramilitares como las AUC, quienes amenazan en panfletos con “poner a dormir” a quien vean fuera de casa en la noche. Tres adolescentes miembros de la Guardia permanecían en el caserón para brindar compañía. Sobre la una, todos dormidos, en el exterior arranca una tormentosa y larga guerra de ráfagas de balas cuya procedencia y destino parecen estar al lado. Se une al desconcierto la inquietante llamada de alguien que golpea desde fuera las puertas. El ambiente es de guerra. Pero de guerra vieja. Resulta que lo más impactante de todo es comprobar que cuando me incorporo en mi saco y enfoco las caras de los que están a mi alrededor con una linterna me encuentro con que Alejandra S. Inzuza, una compañera periodista, es la única que ha adoptado mi misma posición e idéntica mueca de sobresalto en el rostro. El resto, “por costumbre” -según indicarían ya de mañana-, ni siquiera se ha enterado.

Las cicatrices de la Guerra de cerca aparecen recién reabiertas al llegar a una vereda llamada La Rayá, cercana al cabildo de Caloto. Allí entierran a un líder indígena de 37 años llamado Jaime Mestizo. A falta de una investigación, nadie se atreve a dar como versión oficial que el motivo por el que dos días antes fue asesinado tiene que ver con el papel activo que había tomado en el proyecto de desalojo del territorio de todos los actores armados. “Pero ya había recibido amenazas de gente cercana a los guerrilleros por eso”, escurre un vecino que pide anonimato.

La ruta avanza. La vía es a tramos peligrosa, el paisaje solo mejora y algún hombre con mirada inquisidora se cruza de vez en cuando al margen del sendero. Quintín me cuenta más tarde que nos hemos topado con algún miembro de las FARC por el camino, pero que en ese momento era mejor no indicar nada. Lo que no le genera ningún impedimento es señalar la ubicación de los campos e invernaderos de coca y marihuana que también se ven en el territorio.  A la revuelta realidad de este pueblo, se le añade una cucharada más de problemas a cargo de la agricultura ilícita. Muchos de los pobladores de las veredas, en su gran mayoría agricultores acostumbrados a tratar plantas como la coca –mata de sagrada utilización dentro de su cultura milenaria-, optaron un día por dedicarse al cultivo o recogida de estos vegetales ilegales como medio de supervivencia. “Se cultiva, se recoge y un día viene un coche con gente que no da explicaciones de quiénes son y se llevan las hojas”, detalla una joven de Corinto que dice haber trabajado en muchas ocasiones como jornalera en todo tipo de campos.

Los campesinos pagan un altísimo precio por atreverse a realizar esta actividad: las FARC les exigen un impuesto, el ejército les impone condenas y la opinión pública les juzga en negativo. Por eso los líderes indígenas del Cauca han comenzado una campaña de concienciación para que los labriegos se convenzan de que pueden seguir adelante plantando tan solo productos legales. Según Tumbo, “el mensaje ya está siendo enviado a los habitantes, pero lo que falta aún es un compromiso del Gobierno del país para fijar un precio constante por los productos lícitos. Que les garanticen ganar suficiente para no tener que recurrir al cultivo de la hoja de coca. Mientras eso no suceda y la gente no pueda sacar suficiente plantando otras cosas, los narcotraficantes siempre encontrarán personas aquí que les vendan la materia prima que a ellos les interesa”.

-    Pero si la carretera de abajo está tomada por el ejército, que tiene allí hasta tanques, y muchos de los montes los controlan las FARC, ¿cómo llegan hasta aquí esos narcotraficantes tan libremente para comprar el producto?, le pregunto.
-    Tumbo levanta las cejas: Eso quisiera saber yo. Pregúntales a todos ellos.

En López, en Caloto, en San Francisco… En cada uno de los cabildos y veredas por los que para Quintín el discurso de sus líderes es exactamente el mismo: la misma versión de los hechos, la misma reivindicación y la misma sospecha sobre los fines oscuros que puedan tener ambos bandos en mantener ahí los enfrentamientos. Opinan que por un lado las FARC les extorsionan con impuestos a sabiendas de que se trata de un terreno susceptible de generar dinero gracias al cultivo ilícito. Por otro lado, muchos creen que el gobierno está aprovechando la coyuntura del problema no solo para combatir a la guerrilla, sino también para acabar controlando y explotando el territorio.

Las últimas dos horas de camino en moto son de un tirón hasta el cabildo de Toribío. Toda una traca final para entender el problema en el que viven los paisanos de Quintín. Allí, dos bases militares ocupan la zona: la primera, en una de las calles laterales de la comunidad, y la otra, en un cerro de nombre Berlín, sagrado para los autóctonos. En el flanco del pueblo donde está la base existen 20 casas plagadas de agujeros y derrumbes ocasionados por los disparos que efectúan las FARC desde que se instaló aquí el ejército. En ellas solo queda viviendo una señora que se resiste a abandonar su morada desquebrajada. Cuando me atiende, compruebo que los soldados no solo utilizan las ruinas de la que fue su calle como trinchera, sino que incluso atraviesan su casa de lado a lado por dentro. Resulta paradójico verla en medio de ese bastión, su casa, vestida en camiseta y pantalones de chándal entre todo un batallón de hombres que se protege con cascos, botas de cuero y chalecos antibalas.

La otra base, la que se asienta en el cerro, se ha convertido en un símbolo. Marcos Yule, gobernador de Toribío, relata lo que ocurrió el día que empezaron a demostrar que su reivindicación iba en serio. Fue el pasado mes de julio, cuando centenares de indígenas de todos los cabildos del norte del Cauca se dieron cita aquí para desalojar a los militares que ocupan su monte sagrado. Les habían dado un previo aviso. Cumplido el plazo, todos a una subieron hasta la base militar, desarmados, y les comunicaron que ese territorio es sagrado, que la constitución les ampara y que querían recuperar su suelo. Como no se movieron, ellos mismos les sacaron en volandas fuera del terreno.

El gobierno no aceptó la acción y a los pocos días ordenó a las fuerzas públicas recuperar la base, pero los pobladores siguen orgullosos de haber demostrado su decisión en aquel suceso. “Tampoco queremos a la guerrilla”, apunta Yule, “pero ambos bandos se han encerrado en la idea de que no saldrán hasta que se vayan los otros. Y nosotros quedamos en medio”.

Quintín venía contando que la lucha de su gente tiene tres pilares: “Tierra, cultura y autonomía”. Tras haber pasado un día mostrándome los recovecos de su región, me apeo por última vez de su moto frente a una pintada que reza: “Cuenta con nosotros para la paz, nunca para la guerra”. Es hora de devolverle el único armamento que posee, su bastón de la Guardia. La pieza es personal, otorgada y motivo de respeto. Ahora debe volver hasta su casa atravesando de nuevo caminos que, legalmente, le pertenecen, pero por los que debe llevar un bastón levantado para evitar morir tiroteado en ellos.

-    ¿Usted dice que viaja y hace reportajes, no?, me pregunta.
-    Sí.
-    Me alegro de que haya venido, para que pueda contar todo lo que estamos pasando.
-    ¿Y a ti no te gustaría viajar, Quintín? ¿Descansar un poco de todo esto?
-    No podría, dice el veinteañero agarrado a su palo de madera en una calle de Toribío, un escenario arrasado por las bombas de las FARC e invadido por militares parapetados en armamento pesado. “La Guardia Indígena tiene que estar” añade, “con nuestros bastones protegemos a la madre tierra de los que la están haciendo daño”.
-    Pones tu vida por una lucha.
-    La ponemos todos. Hasta que nos dejen en paz en Cauca, o hasta que nos maten, aquí nos quedamos. Es que es nuestra tierra.      

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