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La Nación | 10/12/2012 | 2 Comentarios
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Desbaratar las gobernaciones y alcaldías. La vida en comunas es insostenible como lo ha demostrado la historia. Mientras más centralizada sea la administración del Estado más ineficientes son los servicios públicos. El centralismo económico desmejora las condiciones de vida y progreso social de la mayoría de la población
ISAAC MENCÍA
Chavistas
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Si llegara a materializarse el plan político anunciado por altos jerarcas de la revolución bolivariana de desbaratar las Gobernaciones y Alcaldías y sobre su ruina construir el Estado Comunal como columna vertebral del "Socialismo del Siglo XXI", los venezolanos pagaremos un alto precio político-institucional, económico y social.

Aparte de eliminarse en las comunas el derecho de los ciudadanos de elegir mediante el voto universal, directo y secreto a quienes tendrán la dirección política, legislativa y administrativa de las mismas, el aniquilamiento de las Gobernaciones provocará un deterioro de los bienes y servicios públicos aún mayor al que ya existe, pues la provisión de éstos pasaría a ser competencia de las comunas controladas por el presidente de la República quien decidirá cuáles comunas serán aprobadas, qué competencias asumirán en la administración de los servicios públicos y cuántos recursos recibirán del poder central.

Se trata así del diseño de un nuevo Estado cuyo propósito esencial es fortalecer aun más la concentración de poder en manos del presidente Chávez, para lo cual es imprescindible eliminar instancias de gobierno regional y local, como las Gobernaciones y Alcaldías, dado que éstas instituciones tienen autonomía en el manejo de los recursos públicos que perciben y competencias en la administración de algunos servicios pese a que los mismos les han venido siendo arrebatados por el gobierno central.

La idea de fondo es que el presidente debe ser el único redistribuidor de los ingresos públicos provenientes de la renta petrolera, los impuestos y el endeudamiento de la República, para asegurarse que el uso de los mismos esté al servicio pleno de los objetivos de su proyecto político, lo cual no está garantizado con instituciones intermedias como las gobernaciones y las alcaldías.

EN PELIGRO
 La experiencia internacional y la de nuestro país demuestra que mientras más centralizada y concentrada sea la administración del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, más ineficiente y costoso son éstos y con menor calidad, dado que la solución a las demandas sociales está más lejana de los ciudadanos y las comunidades, y los funcionarios del gobierno al no ser electos por la voluntad popular están sometidos a los intereses políticos del poder central.

Este hecho conspira contra una gestión eficiente de los servicios públicos y ello tiene graves consecuencias económicas y sociales.

En efecto, en una estrategia de desarrollo económico con equidad social, la provisión de bienes y servicios públicos por parte del Estado y sus distintos niveles de gobierno, constituye una condición esencial para construir una economía próspera, superar la pobreza y la desigualdad social.

Y en esta estrategia la descentralización del poder político, de la administración de los servicios, y de los ingresos públicos, ha demostrado ser un mecanismo más democrático, eficiente y eficaz.

Por el contrario, el arrebato por parte del gobierno de competencias a las Gobernaciones y Alcaldías en la prestación de servicios públicos en las áreas de salud, educación, vialidad, puentes, puertos y aeropuertos, sumado al escamoteo de recursos que por Situado Constitucional deben ser transferidos a los gobiernos regionales y municipales, han ocasionado un deterioro creciente en la calidad de estos servicios, afectando negativamente tanto el funcionamiento de la economía como las condiciones de vida y las posibilidades de progreso social de la mayoría de la población.

ESTADO FEDERAL
En la elección de Gobernadores a realizarse el próximo 16 de diciembre de 2012, hay dos modelos o visiones de país enfrentadas: la de Chávez y sus candidatos comprometidos con desbaratar las gobernaciones para facilitar la instauración del Estado Comunal y una mayor concentración de poder; y la visión de los candidatos de la alternativa democrática basada en los principios consagrados en la Constitución de la República de un Estado Federal y Descentralizado.

Si triunfa la opción democrática se contará con un espacio de gobierno para defender la descentralización y desde él hacer una gestión centrada en mejorar los servicios públicos para beneficio de toda la población.


 

 
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