Ya habíamos anunciado los riesgos que corría la Alternativa Democrática con los jefes militares del Comando Estratégico Operacional CEO y del Plan República. Ahora, a los tradicionales abusos del aparato del Estado a favor del candidato presidencial del PSUV se le suma el Plan República y la Fuerza Armada en combinación ventajista con el CNE.

Los militares son para la guerra; para combatir a grupos paramilitares y al terrorismo internacional; para luchar contra el narcotráfico y el consumo ilegal de estupefacientes; para vigilar las fronteras; para defender la soberanía y el territorio nacional; para combatir el contrabando y el comercio ilegal de armas; para impedir las inmigraciones ilegales y el comercio de personas; para vigilar la conservación del ambiente natural; para ayudar a la población civil en catástrofes naturales, entre otras misiones.

En definitiva, los militares son para participar en el desarrollo nacional en actividades inherentes a la seguridad y defensa de Venezuela. Los militares tienen el derecho al voto como cualquier otro ciudadano civil pero, como tienen las armas de la República, no son para el activismo partidista; la Constitución Nacional es clara en la limitación del ejercicio de los derechos políticos de los militares venezolanos.

Las votaciones son un acto civil de la sociedad, las votaciones no son un acto militar. En cualquier caso por razones de orden público se pudiera necesitar una mínima presencia de fuerzas policiales, pero nunca soldados y equipos logísticos de guerra. El soldado se enfrenta al enemigo; el policía, al ciudadano.

De acuerdo a un informe divulgado por la MUD sobre la actuación de los militares en el Plan República, se le atribuyen cerca de 500 irregularidades por abuso u omisión de la bota militar.

Y probablemente, para las próximas elecciones del 16 de diciembre, no tenemos razones para suponer que la actuación será diferente cuando incluso algunos de sus anteriores jefes aspiran a las gobernaciones de estados importantes del país.

Las irregularidades son graves; van desde amedrentamiento a los votantes; presencia de grupos armados; retirada forzada de testigos de la oposición; retraso intencional del proceso de votación; prohibición del ingreso al público a la verificación de los votos; amedrentamiento a los testigos; negativa de entrega de las actas; cierre forzoso de centros; votos asistidos por militares; mantenimiento abierto de centros, sin colas de votantes, después de las seis de la tarde.

De tal manera que el Plan República se convirtió en un campo de batalla, en que de acuerdo a la actuación militar se pueden lograr méritos para alcanzar posiciones en el Estado y ascender en la FANB. En conclusión, la modernización política no es un problema de computadoras y satélites; la modernización del sistema electoral venezolano debe comenzar por sacar a los militares del CNE.