CARACAS, sábado 29 de noviembre, 2014
Facebook Twitter RSS
Temas del día
La Nación | 30/11/2012 | 3 Comentarios
Ley Sapo
La diputada Delsa Solórzano advierte que la Ley de Contraloría Social regulará el comportamiento de los venezolanos, convirtiendo a ciudadanos en delatores de su familiares y amigos
MARISELA CASTILLO APITZ
Delsa Solorzano
0 3a

En el año 2010 la Asamblea Nacional sancionó una ley que hasta ahora ha pasado por debajo de la mesa. Se trata de la Ley Orgánica de Contraloría Social, que ya tiene dos años y pocos saben que su función es vigilar la gestión pública y las actividades del sector privado que inciden sobre los intereses colectivos del país.

Los detractores de esta legislación la califican como "la nueva ley sapo del gobierno", una norma que obliga a los ciudadanos a vigilar y denunciar cualquier actividad de la vida social del individuo.

En sus páginas se lee que el propósito es la corrección de "comportamientos y actitudes que sean contrarios a los intereses sociales (...) en las actividades de producción, distribución (...) y suministro de bienes y servicios necesarios para la población, realizadas por el sector público o el sector privado".

Todo esto con la finalidad de impulsar políticas educativas que ayuden en la formación del socialismo. Comportamientos y actitudes, ya no solo acciones.

Al respecto, Delsa Solórzano, abogada y diputada del Parlatino, denuncia que "estamos en presencia de la misma ley que se usó para legitimar a los Comités de Defensa de la Revolución cubana", un mecanismo social que otorga al individuo la potestad de vigilar cualquier aspecto de la vida del individuo, bajo los principios de la ética socialista.

La especialista resalta su preocupación sobre la creación de políticas educativas basadas en el socialismo, establecido en el artículo cinco de la Ley Orgánica de Contraloría Social, "porque si mezclamos esta norma con la resolución 058, la cual pretende que personas ajenas a la escuela interfieran en ellas, estamos ante un Estado que pretende adoctrinar a nuestros hijos en función del socialismo".

Lo que a su juicio es otra ilegalidad porque la Constitución de 1999 establece que el Estado venezolano debe ser plural. Es decir, en teoría cada quien tiene derecho a pensar como quiera.

IGUALITA A LA LEY SAPO
El artículo ocho, en su numeral dos, es claro. Se establece que los voceros de las organizaciones de la contraloría social deben "informar a sus colectivos sobre las actividades, avances y resultados de las acciones de prevención, supervisión, vigilancia, evaluación y control del área o ámbito de actuación de la organización". Solórzano advierte que con esta norma el Gobierno obliga a los venezolanos a vigilar y denunciar a los ciudadanos que no construyan el Estado comunal, a través del socialismo.

Lo que quiere decir que este instrumento jurídico no solo afecta a los opositores del Gobierno nacional, sino a los que prefieren ser indiferentes ante los temas políticos "porque se establece que todos debemos construir el socialismo.Por lo tanto, ni los Ni Ni se salvan de esta ley".

Para el abogado Juan Raffalli otro problema que se desprende de esta ley es que los ciudadanos tendrán la potestad de prevenir y corregir comportamientos. "Esto permite decir que esta herramienta legal es la reedición de lo que el gobierno buscaba con la ley sapo", agrega.

Explica que la norma se enmarca dentro de los valores socialistas, tal como se lee en sus páginas, "por lo tanto se puede interpretar que quienes no tengan una actitud o comportamiento socialista pudieran ser susceptibles a medidas de contraloría social".

Lo que a su juicio ocasionaría "una gran inseguridad jurídica porque todo el mundo podrá fisgonear y estar con un ojo puesto en lo que hace el otro". Advierte que la ley incluye elementos de prevención de comportamientos y se pregunta "¿cómo se previene un comportamiento?".

APLICACIÓN DE ESTA LEY
La Ley Orgánica de Contraloría Social tiene un campo de acción amplio, tanto, que es el instrumento que el gobierno aprobó para ejecutarse en el Estado comunal que pretende implantar.

Su ámbito de aplicación integra a las diversas instancias del Poder Popular (consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales y confederaciones comunales), además de las actividades públicas y privadas que afecten los intereses del colectivo.

Solórzano advierte que cuando la ley menciona a las actividades privadas "estamos hablando desde una bodega, una peluquería, una panadería, es una amenaza para cualquier venezolano tenga negocio propio".

Esta ley dispone como requisito que solo aquellos que sujeten "su desempeño a los principios y valores que rigen el control social, previstos en esta ley" pueden ejercer la contraloría social. Es decir, solo aquellos que comulguen con los principios de la ética socialista podrán hacer uso de lo que esta herramienta jurídica dispone.

¿Discriminación? Raffalli destaca que si bien es cierto que esta ley fue aprobada hace dos años y aún no se conoce que se haya aplicado en algún caso, "el Gobierno nacional pudiera estar esperando a que pasen las elecciones regionales y el 10 de enero, cuando se inicia el nuevo periodo presidencial, para impulsar el Estado comunal", al que califica como un Estado paralelo.

 
Tu Comentario
Para participar, necesitas ser usuario registrado en TalCual. Si no lo eres, Regístrate Aquí
Correo Clave
Caracteres restantes: 280
Las opiniones aquí emitidas no reflejan la posición de TalCual.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio.

TalCual se reserva el derecho de no publicar los comentarios que utilicen un lenguaje no apropieado y/o que vayan en contra de las leyes venezolanas y las buenas costumbres.

Los mensajes aparecerán publicados en unos minutos.
Destacadas