Uno de muchos temas que pueden comentarse esta semana es el de la "activación" del reglamento de la Ley de Alquileres y del revuelo que han causado tanto los procedimientos que allí se indican como los valores sobre los que se han fijado los alquileres máximos y mínimos luego de que los voluntarios del ente administrativo hayan revisado más de 250 aspectos que inciden en la determinación del arrendamiento en sí; ninguno de los cuales tiene que ver con el concepto económico básico por excelencia que es la escasez relativa del bien en cuestión con respecto a su demanda solvente. En otras palabras, que como decía aquel diputado oficialista, "estamos cambiando las leyes de la economía". Con los resultados que podemos observar.

En efecto, la regulación en cuestión parte de un concepto verdaderamente remarcable que consiste en declarar que el lugar donde se ubica un inmueble no tiene una importancia mayor a un simple índice que le quita (o deja de quitar) hasta un 40% al costo de construcción del m2 (y por lo tanto al magro alquiler posible) entre un edificio construido en Delta Amacuro y otro en Caracas; en cualquier parte de la ciudad: La Bombilla o El Rosal (ambos tienen el mismo coeficiente de localización). O sea que la única diferencia entre estos edificios a la hora de atribuirle "costo de reemplazo" es el de los materiales utilizados al valor presente de los mismos (aunque a precios que no se consiguen en la realidad): no tiene nada que ver el valor (allí sí valor y no costo, porque tiene que ver con su escasez relativa) del terreno donde está situado, ni tampoco el tipo de urbanización de que se trata.

En resumen, que el precio del terreno, que es el que refleja este tema, no se toma en cuenta. ¿A qué lleva la aplicación de semejante reglamento? Pues bien, además de los temas ya conocidos de conculcación de los derechos de propiedad, en realidad, ya que se trata de precios que no surgen de la oferta y de la demanda, la consecuencia inmediata es que será el Estado el que decida quién va para dónde, ya que no es el precio del bien el que lo hace; sin embargo, como no es el Estado el que produce estos apartamentos, la oferta se quedará estancada y el deterioro de los inmuebles acabará con ellos. Con lo cual, ante la incapacidad manifiesta de aplicar las leyes que ya muestra nuestro Estado, serán entonces los invasores los que arbitren ese "mercado". Tozudas leyes económicas.