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Opinión | 27/11/2012
Con máxima seguridad
No existe separación entre personas condenadas y personas en prisión preventiva. En los Centros de Alta Seguridad de Escuintla, Puerto Barrios y Cantel, existen personas en prisión preventiva que se encuentran mezcladas con personas condenadas
HUMBERTO PRADO
Guatemala
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Guatemala tenía una población reclusa de unos 12.835 en 2011 y la tasa de la población es de 87 por cada 100.000 de la población nacional, sobre la base de una población nacional estimada de 14,73.

Pude visitar la famosa Cárcel de Infiernito, de máxima seguridad, su población para el momento era de 177,3 en situación preventiva, los demás en cumplimiento, custodian 10 militares y 32 guardias penitenciarios en turnos de 8 por 8; en cuanto a violencia, es considerada como pasiva; sin embargo los reportes que me daban es que el grupo que tiene el poder se dedica a la extorsión y siguen delinquiendo desde la cárcel hacia afuera, cualquier parecido es pura casualidad.

Hasta octubre de 2005, la población privada de libertad en Guatemala era de 8.247 personas recluidas en 41 centros penales: 35 de ellos preventivos y 6 en cumplimiento de condena. No existe separación entre personas condenadas y personas en prisión preventiva. En los Centros de Alta Seguridad de Escuintla, Puerto Barrios y Cantel, existen personas en prisión preventiva que se encuentran mezcladas con personas condenadas.

En la Zona 18 de los Centros de Prisión Preventiva están recluidos los condenados a pena de muerte, en un área de confinamiento en la que no pueden salir de sus celdas. En cuanto a la situación jurídica de la población, la mayoría (52,5%) se encuentra en prisión preventiva; un 45,4% cumple condena y un 2,1% paga por faltas.

Uno de los problemas estructurales es el hacinamiento (23,65%) con una densidad de 114.5 personas por cada 100 plazas. En la Comisaría 31, en Escuintla, el hacinamiento llega al 106,8%. En esta cárcel las personas cuentan con un espacio de 0,32 mts2 para dormir, se cuenta con una ducha para cada 175 reclusos y un baño para cada 37 personas.

Las personas privadas de libertad son jóvenes (entre 18 y 35 años), guatemaltecos, mestizos, alfabetizados, que no finalizaron la educación primaria, con ingresos entre 500.00 y 2.000.00 de quetzales, y cuentan con un defensor público.

En el caso de las personas con sentencia en primer grado, la duración del proceso desde la detención hasta la sentencia, fue aproximadamente de 16,5 meses. Fue interesante todo este recorrido y las reuniones con las organizaciones de DDHH de este país.

Resulta interesante cuando se tiene la oportunidad de ver y observar los diferentes sistemas penitenciarios de América, estimados lectores, creo que le hace mucha falta a nuestros funcionarios responsables del sistema infrazoológico que tenemos en los actuales momentos. No quiero menospreciar ningún esfuerzo, pero cuando oyes lo que dicen aquí de lo que tenemos, es para salir corriendo.

 
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