Las denuncias de la jueza María Lourdes Afiuni, "la presa del Comandante", como le llaman en el libro firmado por Francisco Olivares, han levantado un polvero sobre todo el sistema judicial venezolano. A quien creyera que el INOF se escapaba del desastre carcelario criollo, le pusieron los pies en la tierra.

Las denuncias de la jueza María Lourdes Afiuni, "la presa del Comandante", como le llaman en el libro firmado por Francisco Olivares, han levantado un polvero sobre todo el sistema judicial venezolano. A quien creyera que el INOF se escapaba del desastre carcelario criollo, le pusieron los pies en la tierra.

Afiuni vuelve a servir como portavoz de desgracias. Ya es el ejemplo de la intervención de Miraflores en los tribunales. Ya es el vivo ejemplo de una "justicia" que no se atreve a ser tal. Ahora también es la prueba de que Iris Varela al frente del ministerio de prisiones no ha estado a la altura.

En VTV se han esforzado por desmentir los señalamientos de torturas, agresiones, redes de corrupción y prostitución y, la más grave, de violación contra una encarcelada. Salieron en cambote varios funcionarios y defensores rojos de oficio a desmentir lo dicho, incluso amenazando a la jueza con, además de todo lo que tiene encima, demandarla por difamación.

Es la respuesta de un Estado cómplice. En vez de investigar si son ciertas o no las denuncias, toma posición en la trinchera. La jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, no se ha dignado enviar un fiscal a la puerta de Afiuni para preguntarle sobre el caso e investigar, por qué a su despacho "no ha llegado la denuncia". Claro, ella no lee ni periódicos ni el libro. En esa institución no se cumple lo ordenado por ley de iniciar investigaciones de oficio.

Pero tampoco Iris Varela ha salido a decir nada. No es que admitan que tales barbaridades ocurren, en clara violación a los derechos humanos, sino que al menos digan que van a investigar, que se ocuparán del asunto. Pero no. Lo que hay es silencio y ataque.  Actitud cómplice de quien no quiere aclarar sino oscurecer.

En VTV se han esforzado por desmentir los señalamientos de torturas, agresiones, redes de corrupción y prostitución y, la más grave, de violación contra una encarcelada. Salieron en cambote varios funcionarios y defensores rojos de oficio a desmentir lo dicho, incluso amenazando a la jueza con, además de todo lo que tiene encima, demandarla por difamación.

Es la respuesta de un Estado cómplice. En vez de investigar si son ciertas o no las denuncias, toma posición en la trinchera. La jefa del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, no se ha dignado enviar un fiscal a la puerta de Afiuni para preguntarle sobre el caso e investigar, por qué a su despacho "no ha llegado la denuncia". Claro, ella no lee ni periódicos ni el libro. En esa institución no se cumple lo ordenado por ley de iniciar investigaciones de oficio.

Pero tampoco Iris Varela ha salido a decir nada. No es que admitan que tales barbaridades ocurren, en clara violación a los derechos humanos, sino que al menos digan que van a investigar, que se ocuparán del asunto. Pero no. Lo que hay es silencio y ataque.  Actitud cómplice de quien no quiere aclarar sino oscurecer.