El pasado 12 de noviembre fue elegido un grupo de Estados para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos Venezuela.

Durante la última década Venezuela ha fallado de manera sistemática en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en derechos humanos, lo cual se evidencia en la inobservancia de las resoluciones, sentencias, medidas provisionales y cautelares; un retraso de hasta 8 años en la presentación de informes ante órganos de protección; resistencia a la firma y/o ratificación de nuevos tratados en derechos humanos y una negativa o silencio ante solicitudes de visitas de representantes de órganos de protección durante los últimos 10 años.

La misma Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU había recibido una invitación del gobierno para visitar el país, la cual se "enfrió" tras el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo a Venezuela en octubre de 2011.

Adicionalmente, el pasado 10 de septiembre el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y, en el marco del EPU, el país rechazó la mayoría de las recomendaciones formuladas sobre temas tales como libertad de expresión, independencia judicial, visitas de órganos de protección y defensores de derechos humanos, pese a tratarse de algunos de los temas con el mayor número de recomendaciones.

Sumado a lo anterior, en un caso sin precedentes para la comunidad internacional de derechos humanos, la juez María Lourdes Afiuni tiene ya casi 3 años de encarcelamiento arbitrario por órdenes directas del Presidente, precisamente por haber acatado una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

La pregunta entonces es: ¿por qué resultó elegida Venezuela? Hay que comenzar por aclarar que el Consejo de Derechos Humanos es un órgano político, en la medida en que sus miembros son representantes de los Estados, los cuales siguen órdenes de sus respectivas Cancillerías; ello lo diferencia de los comités de seguimiento a los convenios y de las relatorías, cuyos integrantes son expertos independientes.

En segundo lugar, en el caso del grupo de América Latina y el Caribe, en esta oportunidad solo había tres candidatos para llenar tres vacantes, por lo que difícilmente Venezuela quedaría por fuera de este organismo.

Inmediatamente después de la votación, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, calificó el ingreso de Venezuela como una "victoria sin precedentes", haciendo mención al hecho de que Venezuela obtuvo más votos que EEUU.

Sin embargo, lo que ciertamente no tiene precedentes es que el ingreso de Venezuela se produce con una votación inferior en 30 votos con respecto a Brasil, en un grupo regional donde no había competencia; el ingreso de EEUU fue el resultado de una contienda entre 5 Estados para 3 puestos, quedando por fuera Grecia y Suecia. Mientras Venezuela se presentaba a un asiento "seguro", muchos países de otros grupos regionales tuvieron que competir por un puesto y, en esas condiciones, Venezuela no logró un respaldo similar al obtenido por Brasil y Argentina.

Según lo establecido en la resolución A/RES/60/251 de la ONU, los Estados "deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios".

Las promesas hechas por Venezuela se refieren principalmente a su compromiso con la estructura política, mas no con los órganos independientes de supervisión técnica, que son aquellos a los cuales acuden las víctimas en busca de protección.

En tal sentido, el desafío del movimiento de derechos humanos es mantener viva la voz y exigencias de las víctimas ante los mecanismos independientes creados en el seno de las Naciones Unidas para proteger sus derechos.

La baja votación de Venezuela, en comparación con sus pares regionales, da cuenta de un nivel de insatisfacción sobre el desempeño del país ante dichos mecanismos. Es allí, y no en los órganos políticos, donde se pone a prueba el talante democrático de las naciones.