Paula no sabe si seguirá al frente del negocio que le aliviaba al menos el sustento del día. Socia, junto con su hermana, de una peluquería en la avenida Baralt, el lunes llegaron dos fiscales del Seniat con una sola instrucción: cerrar. Antes le exigieron la facturación de contingencia de la caja registradora o ­qué se yo­ la tercera copia (la amarilla) del taco de recibos.

La multa, implacable y a prueba de ruegos, fue de Bs 27 mil, que deberá pagar antes de abril. Si algo le sirvió de consuelo fue que hicieron igual con 9 comercios del casco capitalino, mientras otro grupo clausuraba tiendas en el centro comercial Manzanares, así como entre jueves y viernes lo harán con el nuevo centro comercial de Caricuao.

Las razones de esta arremetida sorpresa del Seniat son por ahora meras especulaciones: que si la caja fuerte de Miraflores quedó vacía después del 7-O; que andan a la caza de platica para la campaña del 16-D o que se trata del primer paso para quitarse de encima a los pequeños comercios que ­cosas de la vida­ días después de declararse en quiebra, son adquiridos por consejos comunales, como está sucediendo con pequeñas ferreterías y otros negocios.

Luego viene la cuña que reza que la revolución bolivariana vende más barato porque está al servicio del pueblo. Cuando Paula se lo contó a su hermana y ésta, llorando, tocó a mi puerta para ver qué podíamos hacer, entendí la obsesión de Chávez por el Estado comunal y su propuesta de reformar la Constitución para validar aquello a lo que los venezolanos en el referendo del 2007 le dijeron que no.

Un pequeño comercio, cuya facturación mensual da apenas para pagar impuestos, agua, luz y teléfono, más los salarios de sus trabajadores, sucumbe a la primera visita de un agente del Seniat, con muy buenos modales pero con muy malas intenciones.

Tras la revisión exhaustiva de la contabilidad y otros caprichos fiscales, el joven de franela roja y carnet colgando del cuello decide la multa, que en ciertos negocios sobrepasa los Bs 50 mil.

Es obvio que el gesto no lleva el propósito de hacer cumplir la ley, y aunque le tiemble el pulso ante conmovedoras escenas de sorpresa y frustración del comerciante, el funcionario sabe que no puede andarse con tibiezas. No hay plazos, no oye razones, no acepta que reparen el defecto de contabilidad en su presencia.

Un supervisor vendrá en unos minutos para verificar si cumplió con el trabajo encomendado y de eso depende su puesto de trabajo.

Si algún parecido con Al Capone posee este gobierno es su capacidad para el soborno y la extorsión. Lo hace con las emisoras de radio y televisión que juegan a la neutralidad para no arriesgar su concesión, y pasan todo el día con una programación light, ajena de la política y que, en casos difíciles, optan por botar a periodistas a quienes Conatel les frunce el ceño.

Pasa también con supermercados, farmacias y hasta con restaurantes donde el alto funcionario llega, come y si va a pagar, el maître, todo obsequioso, le dice: "no, de ninguna manera, no es nada, por favor". Lo dijo una vez el finado Domingo Alberto Rangel: ésta es una mafia, no una revolución.