El oficio de profesor de Derecho del Trabajo me ha colocado ante la obligación de compartir con los estudiantes mis dudas sobre los alcances del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), cuya propia denominación es parte de un galimatías, que sus autores no han explicado.

Y mucho más difícil será comprenderlo para quienes no hayan lidiado (que es el caso de la inmensa mayoría de los venezolanos, incluidos los estudiantes de derecho) con los textos de Marx y sus intérpretes. Sin embargo, el DLOTTT declara, a texto expreso, que su finalidad es la "construcción del socialismo", además de precisar que uno de los objetivos esenciales del "proceso social del trabajo" es "superar las formas de explotación capitalista".

No es esta la ocasión para expresar mis propias creencias sobre los socialismos y las izquierdas, asuntos en los que se nos ha ido buena parte de la vida. Lo que quiero poner de bulto, ahora, son las inconsistencias o, más bien, contradicciones, entre la nueva ley laboral y la Constitución.

Varias veces se ha dicho que la revolución no cabe en la Carta Magna y con parte de las evidencias me he encontrado buscándole piso jurídico a los contenidos ideológicos del DLOTTT.

Esto dice la exposición de motivos de la Constitución, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente: "El régimen socioeconómico no se define de forma rígida, no obstante se consagran principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, defensa del ambiente, productividad y solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la acción individual.

El Estado no está ausente, tiene un papel fundamental como regulador de la economía para asegurar el desarrollo humano integral, defender el ambiente, promover la creación de valor agregado nacional y de fuentes de trabajo, garantizando la seguridad jurídica para fomentar, junto con la iniciativa privada, el desarrollo armónico de la economía nacional y la justa distribución de la riqueza.

En suma, se plantea un equilibrio entre Estado y mercado en razón de que el problema no es más Estado o menos Estado, sino un mejor Estado y el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades colectivas; ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad, entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad a la iniciativa privada y preservando el interés del colectivo".

No hace falta ser un genio para percatarse de que estos conceptos están bien distantes del socialismo cubano que el PSUV asume como suyo. No sé si los camaradas tienen la camisa rota, como en la canción de Billo, pero en el saco constitucional vigente no cabe lo que quieren imponer.