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Provea | 02/11/2012
Con y para el pueblo
Si algo hemos padecido los hombres y mujeres del país es la gran descoordinación institucional, principalmente entre los tres niveles del Poder Ejecutivo. Incluso las fricciones a lo interno de un partido político tienen impacto negativo en la gestión pública al ser casi imposible que funcionarios militantes de un mismo partido se pongan de acuerdo para desarrollar políticas y proyectos
MARINO ALVARADO B.
Venezuela
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La voluntad popular decidió el 7 de octubre ratificar al presidente Chávez para conducir el gobierno en los próximos seis años. El 16 de diciembre corresponderá al soberano decidir quiénes serán los gobernadores de cada estado del país. Quedará pendiente renovar alcaldes y con ello se habrá terminado de elegir las figuras principales de los poderes públicos nacional, estadal y municipal.

El artículo 136 de la Constitución establece que cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Sin embargo, la extrema polarización política que viene azotando al país por más de una década conspira contra el mandato constitucional.

Si algo hemos padecido los hombres y mujeres del país es la gran descoordinación institucional, principalmente entre los tres niveles del Poder Ejecutivo. Incluso las fricciones a lo interno de un partido político tienen impacto negativo en la gestión pública al ser casi imposible que funcionarios militantes de un mismo partido se pongan de acuerdo para desarrollar políticas y proyectos. El país requiere cambios profundos e inmediatos.

Uno de ellos es lograr superar la falta de coordinación y planificación conjunta de las instituciones para colocar la gestión pública al servicio de la gente. Buena parte de los problemas cotidianos que afectan a nuestra población se resolverían si quienes tienen la responsabilidad de gobernar de verdad colocaran los intereses colectivos por encima de sus intereses particulares, partidistas o personales.

Gobernar para la gente significa usar y activar los recursos y las instituciones del Estado para garantizar a todas y todos mejor calidad de vida. Para ello son elegidos quienes llegan a cargos públicos por la vía del voto. Esto que parece tan elemental y simple es precisamente lo que no se cumple. Lo que falla. Y los resultados están a la vista. Deficiencias en los servicios públicos, incremento de la inseguridad, etc.

Pero no es suficiente gobernar para la gente. Se requiere gobernar con la gente. Y ello requiere que se promuevan y se materialicen espacios y mecanismos para la consulta y la participación ciudadana. Para el real protagonismo. No para descargar en la población responsabilidades que son propias del Estado. No para de manera mal intencionada utilizar el criterio de corresponsabilidad para evadir obligaciones de funcionarios e instituciones y traspasarlas a Consejos Comunales, Asociaciones Civiles y las personas.

Se requiere acabar con el secretismo del Estado y colocar la información pública al servicio de la contraloría social. Facilitar el acceso a la información para que las comunidades organizadas puedan monitorear la ejecución de los proyectos. Puedan realizar diagnósticos y proponer políticas públicas. Es hora del diálogo y unir iniciativas, fuerzas y recursos. De pensar y gobernar al servicio de nuestra población por un mejor presente y futuro.

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