Una mayoría del país decidió renovarle el voto de confianza al Presidente y prolongar su mandato por seis años más. Esto a pesar de las evidentes carencias de su gestión económica, de infraestructura y de seguridad, que han sido admitidas por el propio mandatario.

Esto quiere decir que debe mostrar un viraje rápido en materia de eficiencia administrativa si quiere mantener la cuota de popularidad que este evento electoral puso de manifiesto. En otras palabras que ese voto de confianza va a venir acompañado de una alta dosis de impaciencia que no va a poder ser calmada con nuevas promesas y palabras.

Debe haber un cambio importante en la conducción de la cosa pública y, además, debe haber una "sinceración" del tema macroeconómico que había sido pospuesto por las elecciones, lo cual será un aditivo difícil de manejar en dicho contexto.

En efecto, la capacidad de Pdvsa de generar más ingresos se encuentra seriamente mermada y la disposición a invertir en el país por parte de las empresas multinacionales del ramo es cautelosa, por decir lo menos.

Las reservas internacionales, como consecuencia, se han visto mermadas y han disminuido por debajo de ese concepto tan curioso de "reservas necesarias" porque ahora es el BCV quien financia a Pdvsa, y no al revés como siempre había sido.

Lo anterior más el efecto combinado de la inflación y de un tipo cambiario anclado que se encuentra muy alejado de la paridad de compra del bolívar, van a obligar a devaluarlo y por esta vía a licuar la deuda interna y a hacerla más llevadera. Y a continuar el endeudamiento para financiar el gasto que es el que mueve a la economía.

Entonces el reto es verdaderamente importante porque se trata por una parte de implantar un "paquete" de medidas de ajuste (que debería incluir a la gasolina si se quiere acabar con tanto despilfarro), y por la otra mostrar una cara eficiente como solo algunas pocas dependencias gubernamentales han mostrado (por ejemplo el Saime), extendido a los temas de seguridad, infraestructura vial, suministro eléctrico y tantos otros ligados a empresas nacionalizadas que ahora están quebradas y van a comerse los recursos fiscales del gobierno si no se las convierte de nuevo en eficientes generadoras de impuestos y puestos de trabajo productivo. Para no hablar del relanzamiento de la economía privada. Una tarea urgente que poco tiene que ver con el socialismo del siglo XXI.