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La Nación | 01/06/2012
Armas con ley
La Comisión Mixta de la AN ya aprobó la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, pero, esperan que sea discutida en plenaria para su sanción final. Se exige que cada bala tenga el serial que identifique el cuerpo policial y el funcionario que la porta. La lucha contra el masivo tráfico ilegal quedó fuera de la prohibición de ventas de armas y municiones
MARISELA CASTILLO APITZ KEILYN ITRIAGO MARRUFO
Ley Desarme
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Finalmente la oposición y el chavismo se pusieron de acuerdo en un punto. La Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones ya fue aprobada por la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional y se espera que sea discutida en plenaria para su sanción final. Los parlamentarios tuvieron que trabajar durante 10 meses, hacer 23 mesas técnicas, 14 consultas públicas y recibir mil propuestas para desarrollar una ley de 88 artículos que tiene como objetivo reducir la criminalidad en Venezuela. Hasta ahora están aprobados 84 apartados, mientras que los cuatro restantes están en manos del Ministerio Público y la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex), los entes que se encargarán de los aspectos técnicos de esta legislación.

El marcaje de las municiones parece ser uno de los aspectos más novedosos. Esta ley establece que cada bala debe tener tres seriales de identificación: el calibre, nombre del fabricante y un nuevo troquel que estará determinado de acuerdo al organismo policial y al funcionario que porte el arma.

Según el criminólogo Fermín Mármol García el marcaje de las municiones es algo bueno pero no excelente. Explica que esto solo puede arrojar ante una investigación criminal una prueba de orientación. "Si tu encuentras un cartucho percutado en un escena de crimen lo único para lo que servirá es para saber a qué lote de distribución perteneció y a que institución se le entregó".

A su juicio, hay algo mejor que el marcaje de municiones que es el registro balístico digitalizado. Considera que si tuviéramos en el país un registrado balístico digitalizado de corte civil privado, de corte civil público y un registro criminal los resultados investigativos tendrían verdadera certeza porque se individualiza qué arma la disparó.

Para el diputado Ricardo Sánchez (UNT), otro de los aspectos importantes de la ley es la "limitación del número de municiones de los funcionarios a 50 al mes, con la obligación de devolver las que no usen".

Desde su punto de vista, con esto se prevendrá que funcionarios corruptos suministren armamento a la delincuencia organizada.

Mármol García es un poco más escéptico, puesto que considera que la disminución de las armas asignadas a las policías, al igual que a los militares y a los civiles podría más bien invitar a la gente a entrar al mercado negro. Según él, va a pasar lo mismo que ocurrió con los dólares en Venezuela, están restringidos, nadie habla de eso pero todo el mundo los consigue. "Es una torpeza.

Cuando usted prohíbe algunos derechos lo que hace es invitar a la gente a burlarse de la ley", apunta el experto, que no ve en esta restricción ningún resultado en políticas públicas contra la violencia.

Manifiesta que el gran problema que tiene el país es la alta impunidad y esto es lo que hay que atacar.

"El funcionario público que entra en procesos de corrupción lo hace porque no tiene temor a ser descubierto y sancionado. Nos llenamos de leyes penales que no se cumplen y nos llenamos de delitos en Venezuela que nadie castiga ni persigue", agrega. En el proyecto de ley, las penas para los funcionarios que incurran en tráfico ilegal de armas y municiones aumentaron. Ahora van de seis a 18 años en prisión.

TODO EN MANOS DE CAVIM
El empeño, sobre todo oficial, es en la centralización de la fabricación y distribución de armas de fuego y municiones en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Sánchez lo ve como algo positivo porque cree que con esta concentración "vamos a poder identificar quién está sacando las municiones para que lleguen a manos de los malandros".

DESTRUCCIÓN Y DESARME
Otro de los puntos donde la ley pone el acento es en la destrucción del armamento: cada arma incautada deberá ser destruida en máximo 45 días, según informa Sánchez. Además, se establecerá un control adicional en las salas de evidencia y las pruebas anticipadas porque "en estos momentos hay 200 mil armas de fuego en las salas de evidencia que entran y salen hasta 18 veces. Una misma arma puede aparecer relacionada a un secuestro en Apure, un homicidio en Caracas o con la guerrilla en Barinas", indica el parlamentario.

El desarme voluntario también lo estable la nueva ley. Cada persona podrá entregar su arma con la garantía de que no será arrestado y su nombre estará en el anonimato. "Tenemos que abrir un compás para aquellos que decidan despojarse de su armamento, sin listas ni registros", acota Sánchez.

MALANDROS NO COMPRAN EN ARMERÍAS
La medida de prohibición de venta de armas de fuego y municiones a particulares, que entra en vigencia desde hoy, por un decreto ministerial, no goza de mayor reconocimiento entre los expertos debido su limitado impacto en la inseguridad que vive el país. El control parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente armadas, pero se sabe a todas luces que la mayoría de los autores de los delitos obtienen los instrumentos de forma ilegal y no en las tiendas. El epicentro del problema, que es la fuga clandestina de armas a las calles, no está siendo atacado. Según Mármol García hay sólo 40.000 portes de armas legales frente a entre 9 y 15 millones de armas ilegales que circulan en Venezuela.

Desde febrero, cuando se anunció la regulación y la pretensión del cierre definitivo de las 80 armerías que existen el país, varios de estos establecimientos comenzaron a hacerlo por iniciativa propia pues se dijo que dejarían de existir como rubro comercial y que debían entregar al Estado todos sus remanentes de armas y municiones. “Felipe”, dueño de tres locales de este tipo, cuenta que hace un mes efectivamente el Ministerio de Defensa se llevó la mercancía, por lo que ha tenido que reinventarse en el negocio. Confiesa que hasta hace cuatro años en promedio vendía entre 8 y 10 armas al mes en cada armería. Sin embargo, “con el monopolio del Estado, se hizo difícil importarlas y se pusieron muy caras”.

Los controles de venta para los civiles seguían respetándose, tal como lo indica este comerciante, ya que se cumplía el protocolo de solo entregar la factura al comprador, esperar que éste regresara con el porte de arma emanado por el Ministerio de Defensa, y luego constatar a través de una llamada telefónica con el órgano del Estado la veracidad del documento. “Esta restricción no tendrá ningún efecto porque las armas no matan, quienes matan son los malandros, y a éstos no se les hace nada”.

TODO PARA ÚLTIMA HORA
Después de 14 años en el poder y a tan solo cuatro meses de las elecciones presidenciales el Gobierno le mete la chola, para “ahora sí”, resolver la inseguridad. En todos estos años han anunciado 18 planes de seguridad, han reformado cinco veces el Código Orgánico Procesal para tener un total de 450 modificaciones de este instrumento, y es hasta ahora que finalmente se anuncia una ley de desarme. 

Aunque la bancada opositora pedirá que la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones sea aprobada este próximo martes todo parece indicar, según informó una fuente extraoficial, que el diputado Freddy Bernal pedirá que se postergue esta discusión dos semanas “para anunciar todo junto: la nueva misión de seguridad, la nueva reforma del Código Orgánico Procesal y esta ley. Todo esto con un solo objetivo: generar una sensación de eficiencia y seguridad en la población, a través de un paquetazo contra la inseguridad”.

“Para el Presidente no bastan 13 años mirando a los lados para buscar culpables en el tema de la seguridad (…) Deje de buscar culpables y mírese en un espejo, que el único que hace sufrir a las madres venezolanas es usted. El problema no se resuelve con una nueva reforma. El problema es usted señor Presidente”, resaltó el diputado Juan Carlos Caldera.

CAMBIAN BALAS POR BALONES
Como parte del Plan Seguridad Para Todos, que promueve el candidato presidencial Henrique Capriles, las Juventudes de Voluntad Popular presentaron el programa "Cambiamos Balas por Balones", que está enmarcado en la fase de prevención del delito. David Smolansky, responsable de las Juventudes de esta organización, explicó que este programa consiste en impulsar el deporte a través de la recuperación de espacios deportivos a lo largo del territorio nacional, concentrándose en comunidades con altos índices delictivos.

El dirigente juvenil explicó que la meta es recuperar 20 canchas antes de diciembre, con lo cual se impactará en 3.400 jóvenes. Esta iniciativa contempla la realización de talleres de prevención del delito y la utilización de estos espacios en altas horas de la madrugada, tal como lo establece el Plan de Seguridad para Todos que promueve Capriles.

Esta iniciativa está inspirada en la realidad venezolana: “el desarrollo de este programa de prevención está enfocado en las lamentables cifras de homicidios que tenemos en Venezuela, donde 156 mil personas han fallecido por armas de fuego entre el año 1998 y 2011, más de 100 mil eran jóvenes”, explicó Smolansky.

 
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