El proceso de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo se realiza sin garantizar transparencia ni protagonismo. Lamentable la manera como decidió el Ejecutivo Nacional adelantar el proceso. No se elaboró un borrador para difundir las normas a reformar y aquellas nuevas. De esta manera se limitó a los y las trabajadores del país, al sector empleador, la academia, a instituciones diversas del Estado, emitir opinión al respecto.

Tras 11 años de mora por parte de la Asamblea Nacional controlada en los distintos períodos legislativos por las fuerzas políticas vinculadas al gobierno, se optó por el mecanismo más antidemocrático, además de inconstitucional: reformar por la vía del Decreto Ley.

Hoy comprendemos con mayor claridad las razones por las cuales diputados del partido de gobierno sabotearon el proceso de consulta que en el período legislativo anterior inició la representación parlamentaria del Partido Comunista.

Dicha representación realizó un esfuerzo de elaborar un proyecto consultando a diversos sectores sociales, incluyendo organizaciones sindicales críticas a la gestión gubernamental. Con ello se demostraba que es posible en el marco de la polarización política que afecta al país escuchar diversos puntos de vista y construir políticas con consensos básicos.

Sin embargo, quienes asumieron la conducción de la Comisión de Asuntos Sociales revirtieron el proceso y desecharon lo que se había adelantado. Así los parlamentarios que culminaron su gestión en diciembre de 2010 se despidieron sin promulgar la reforma. Se dejó el camino abierto para que el Ejecutivo Nacional justificara incluir la ley en el paquete de leyes por vía habilitante.

La decisión de realizar la reforma por vía de Decreto Ley, reiteramos, viola el mandato de la disposición transitoria cuarta de la Constitución que expresamente delega en la Asamblea esa función. Además, por ser un asunto relacionado a derechos humanos laborales, es al Parlamento a quien corresponde debatir y decidir.

Tal como ha ocurrido en el proceso de elaboración o reforma de otras leyes, se pierde esta vez una buena oportunidad para realizar un proceso realmente participativo y protagónico que fortalezca la democracia y permita a las organizaciones sociales, particularmente a las sindicales, adquirir experiencia en la construcción de políticas públicas.

Qué interesante hubiese sido que, por ejemplo, sindicalistas de corrientes diversas luego de un proceso democrático de debate lograran acuerdos en aquellos aspectos que benefician al sector laboral. Que la academia hubiese aportado sus conocimientos teóricos.

Que se hubiese contado con la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo para que las normas de los convenios de la OIT quedaran adecuadamente incorporadas. Que el sector empresarial expusiera sus puntos de vista.

Seguir con la dinámica de imponer legislación abusando del poder en nada contribuye a crear y fortalecer conciencia democrática y alimenta la confrontación pueblo contra pueblo.