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Opinión | 15/03/2012
Muerte en la frontera
La muerte del Primer Teniente Jackson Ruíz Niño y del Sargento Segundo Nelson Gómez Ortega, adscritos al Batallón Ricaurte no pueden quedar enterradas bajo el hermetismo oficial, especialmente cuando el hecho refiere a grupos armados al margen de la Ley: miembros del ELN
ROCÍO SAN MIGUEL
ELN
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Un país como Venezuela que tiene un ritmo desde hace siete años, de dos mil millones de dólares anuales gastados en adquisición de armamento no puede darse el lujo de despachar la muerte en servicio de dos miembros de su Fuerza Armada Nacional en la frontera occidental del país, con un simple comentario de su Presidente que refiera a otorgársele ascenso postmorten y dar condolencias a su familiares.

La muerte del Primer Teniente Jackson Ruíz Niño, de 27 años, y del Sargento Segundo Nelson Gómez Ortega, de 28 años, adscritos al Batallón Ricaurte no pueden quedar enterradas bajo el hermetismo oficial que atribuye el hecho a "un grupo generador de violencia en el estado Táchira", especialmente cuando el hecho refiere a grupos armados al margen de la Ley: miembros del ELN, la más fuerte de las hipótesis según refieren lugareños o miembros de la las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aquí sin eufemismos ideológicos debe repudiarse y condenarse una u otra circunstancia.

Otro aspecto llama poderosamente la atención. Los hechos se suceden el día sábado 10 de marzo a las 15:00 hora local y no hay declaración oficial sino hasta entrada la madrugada por el General Eusebio Agüero Sequera, jefe de Región de Defensa Integral de Occidente que explica: "Una vez ocurrido el hecho, el grupo generador de violencia pasó a la República de Colombia, por lo que no pudimos actuar por haber ingresado a otro país".

Nos preguntamos. ¿De qué sirven los acuerdos de cooperación militar ratificados recientemente entre el ministro de la Defensa Henry Rangel Silva y su par colombiano?. ¿Por qué no se activó un rastreo inmediato de parte de Colombia a requerimiento venezolano por tan grave hecho, que no solo lesiona la integridad y soberanía nacional sino la dignidad de la Fuerza Armada Nacional?.

No convence el tratamiento dado a este caso. El estado Táchira como hemos señalado en nuestra columna del 8 de septiembre pasado ha sido declarado en su totalidad "de utilidad pública" de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 y cuenta con 31 zonas de seguridad las cuales abarcan el 100 % de su territorio.

Ningún otro estado del país se encuentra en esta circunstancia, además de tener el apoyo de una Base Aérea, la Buenaventura Vivas Guerrero (BAVIVAS) y ser sede de la II División del Ejército, el teatro de operaciones numero 2 y contar con 88 unidades administrativas de la guardia nacional.

O algo se oculta o es absolutamente ineficiente la estructura y conducción de la Fuerza Armada Nacional para repeler un ataque en la frontera nacional.

Vergonzosa situación especialmente si tomamos en cuenta que hace largo rato se vende una película por parte del Comandante Presidente de estarnos preparando para una guerra de resistencia, una guerra de todo el pueblo, frente al ejército más poderoso del mundo: el del imperio.

Mientras tanto "un grupo generador de violencia" entra y sale del territorio nacional, asesina a dos efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional y todo el que cuestione o pregunte sobre el hecho, pasa a ser traidor de la patria. Así estamos.

 

 
 

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