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La Nación | 30/11/2011
Masacres bajo Chávez
Persiste la impunidad y se acumulan las ejecuciones extrajudiciales en Falcón, Aragua y Apure. Denuncian que Polifalcón asesinó a 260 personas entre 2000 y 2005. Ni siquiera diez años han sido suficientes para resolver este tipo de casos en los cuales se responsabiliza a funcionarios
PATTY FUENTES GIMÓN
Represión policial
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A falta de respuesta por parte de la justicia venezolana, Cofavic y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó el lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Néstor José Uzcátegui, quien fue asesinado el 1º de enero de 2001 presuntamente por funcionarios de la Policía de Falcón.

De acuerdo con las ONG denunciantes, los uniformados irrumpieron en casa de Uzcátegui, golpearon a los demás miembros de la familia y detuvieron de forma arbitraria a Luis Uzcátegui, hermano de la víctima y principal testigo del homicidio, quien también asegura que frecuentemente es amenazado y agredido por querer conseguir justicia.

“Han sido diez años muy duros. Tal vez mi familia y yo podríamos cambiarle el semblante a esta Navidad. Tengo la plena convicción de que son imparciales y que darán un veredicto razonable”, manifestó Luis Uzcátegui, durante su declaración en la audiencia ante la CorteIDH que emitirá su sentencia en el segundo semestre de 2012.

Pese a los años que han transcurrido desde entonces, el caso todavía no ha pasado de la etapa de investigación. El Estado no ha negado que fueron policías quienes protagonizaron la ejecución extrajudicial, ni ha contradicho que los funcionarios ingresaran al domicilio de los Uzcátegui sin orden de un juez competente.

El asesinato de Néstor José Uzcátegui representa a más de 260 episodios de este tipo, ocurridos entre los años 2000 y 2005. Así lo dio a conocer ante la CorteIDH Giancarlo Guerrero, director del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Familiares del Estado Falcón, quien además destacó que la mayoría de estas muertes permanece impune.

ACUSAN A LA GN
Seis años no han sido suficientes para hacer justicia en las ejecuciones de Mario Buroz, Edgar Soterán y Francisco Mora, funcionarios de la Policía de Aragua que presuntamente fueron asesinados por efectivos de la Guardia Nacional el 3 de junio de 2005 cuando realizaban un trabajo de inteligencia encomendado por la Fiscalía 19 del Ministerio Público.

El juicio de la llamada “Masacre de Santa Rosa” inició el 22 de abril de 2009, pero se interrumpió en septiembre de ese mismo año porque la jueza Betty Alcántara, entonces titular del Tribunal 5º de Juicio del Circuito Judicial Penal de Aragua, fijó la fecha de juicio fuera del límite máximo que permite la ley.

El segundo juicio oral y público seguido en contra de César Omar Peña, Andrés Aguilera, Antonio José Galea y Adonai Rafael Díaz Molina, comenzó el 20 de mayo de 2010 y se interrumpió el pasado 24 de noviembre, es decir, deberá ser realizado desde su inicio por no haberse reanudado el debate en el undécimo día desde la última suspensión, según informó el juez Nelson García, del Tribunal 5º de Juicio Mixto de Aragua.

“La interrupción del juicio fue, a todas luces, una estrategia de los abogados de la defensa para entorpecer la administración de justicia. Lo que es aún más grave es que el juez Nelson García tomó y avaló la táctica dilatoria de interrumpir el juicio, quien pudiendo tomar medidas para evitar la interrupción, se abstuvo de hacerlo, vulnerando el debido proceso y los derechos de las víctimas”, sostiene Rafael Garrido, abogado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Y LA FAN TAMBIÉN
El martes 22 de noviembre al menos cuatro campesinos fueron asesinados presuntamente por efectivos de la FAN en la reserva forestal de San Camilo, en el Alto Apure. El Ministerio de Defensa dijo que fue un enfrentamiento. Sin embargo, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y diversos vecinos denuncian que lo que hubo fue una masacre en contra de “trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona”.

Ayer, el diputado por Táchira Leomagno Flores, detalló que aún hay varios heridos incomunicados en el hospital de San Cristóbal, que los cadáveres presentaron señales de tortura, que hubo demora en entregar los cadáveres, que resulta sospechoso el silencio del gobernador de Apure y que este hecho fue para beneficiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por esto, propuso que la Comisión de Defensa y Seguridad investigue el caso que, según su información, dejó cuatro muertos, tres heridos, dos detenidos y dos desaparecidos.

 

 
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