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La Nación | 21/10/2011
El mundo nos ataca
La sanción administrativa iniciada contra Globovisión fue evadida por la fiscal. Luisa Ortega Díaz asegura que las decisiones globales de DDHH deben ajustarse a las leyes venezolanas Además, reitera que el Ministerio Público lleva dos investigaciones en el caso de Leopoldo López
PATTY FUENTES GIMÓN
Luisa Ortega
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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pareciera que desconoce la Constitución. Según ella, las decisiones adoptadas por los organismos internacionales “tienen que ajustarse a las leyes venezolanas para que exista una armonía” y “son vinculantes, pero en la medida en que no contraríen el ordenamiento jurídico interno”.

Sin embargo, el artículo 23 de la Carta Magna establece que los tratados relativos a DDHH, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas más favorables a las establecidas por la Constitución.

A juicio de la Fiscal, internacionalmente “hay como un ataque hacia Venezuela… Pareciera que tiene que haber impunidad para que el país sea reconocido porque muchas personas acuden a organismos internacionales para fustigar las decisiones del Estado”.

Pese a que se sabe, y la propia Fiscalía lo ha reconocido, que en el país más de 90% de los delitos quedan impunes, Ortega Díaz afirmó ayer que “si aquí se quebranta el ordenamiento jurídico, existen instituciones dispuestas a hacer respetar las leyes, pero el Estado tiene que asumir el cuestionamiento que se produce” por parte de los organismos internacionales.

LÓPEZ EN LA MIRA
En cuanto al caso de Leopoldo López, la Fiscal reiteró que la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH es inejecutable, tal como lo había señalado en días anteriores el Tribunal Supremo de Justicia.

Pero destacó que el Ministerio Público “no está llamado a interpretar sentencias” y que debe remitir el cuerpo del expediente a los fines de que continúe con las investigaciones penales.

Específicamente, Ortega Díaz hizo referencia a los dos delitos por los cuales fue denunciado el dirigente de Voluntad Popular: presunto desvío de recursos de la Alcaldía de Chacao y dos presuntas donaciones de la industria petrolera (una el 11 de septiembre de 1998 y otra el 23 de septiembre del mismo año) a favor de Primero Justicia. “Este ciudadano no recuperó sus derechos políticos porque siempre los había tenido”, añadió.

Apoya violaciones a la libertad de expresión
Respecto a la privativa de libertad del editor del semanario 6to Poder, Leocenis García, Ortega Díaz sostuvo que “ya fue presentada una acusación ante el tribunal de control, al cual ahora le corresponde fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, donde se debaten los fundamentos esgrimidos por el MP”. 

Al cuestionarla acerca de la sanción administrativa que se impuso a Globovisión el pasado martes, la también presidenta del Consejo Moral Republicano se negó a declarar. Sólo dijo: “Esa es una sanción administrativa; en materia penal no tenemos todavía conocimiento oficial de alguna denuncia que se haya formulado en relación con esta decisión. En consecuencia, no tenemos nada que pronunciar”.

RECOMENDACIONES "MALITENCIONADAS"
La fiscal Luisa Ortega Díaz asegura que las recomendaciones que fueron rechazadas en el Examen Periódico Universal, al que fue sometido Venezuela ante la ONU el pasado 7 de octubre, “parecieran malintencionadas”.

A su juicio, “la exposición de Venezuela fue excelente y el país aceptó 96 de las 149 recomendaciones que se le hicieron. Hubo 37 que rechazamos. Una era erradicar la esclavitud infantil porque estaban partiendo de un falso supuesto”. 


 


 

 
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