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La Nación | 21/09/2011
Ganancias controladas
La ministra del Comercio, Edmée Betancourt, estimó que la utilidad razonable de una empresa puede ser de 10%. Indicó que los sectores productivos participarán en el análisis de la estructura de costos para determinar los precios justos
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El Ejecutivo Nacional no impondrá los precios máximos de venta al público de los productos, aseveró este miércoles la ministra del Comercio, Edmée Betancourt, quien explicó que serán fijados previo análisis de la estructura de costos en conjunto con los diferentes sectores productivos.

Indicó que inicialmente se establecerán los precios máximos de venta al público en los sectores de alimentos, salud y artículos de higiene personal y del hogar, “y se continuará hasta que podamos establecer los precios máximos de venta, como lo requiere la población, porque sabemos que nuestra población necesita de esto y nosotros estamos en capacidad, como Estado, de manejar todas las matrices de costo”.

La ministra Edmée Betancourt ofreció las declaraciones al término de una reunión con representantes de los diferentes organismos del Área Productiva, así como de otras instancias del Ejecutivo Nacional.

Precisó que los precios máximos de venta al público se fijarán con la participación “de cada uno de los sectores productivos”.

Explicó que dentro de la matriz de costo de producción se estipulan los costos fijos, es decir los servicios de agua, luz, teléfono y gas, así como los costos variables.

Dijo que para establecer el costo máximo de venta al público de un producto se considerarán aspectos como la mano de obra o costo de un recurso humano, si es producción nacional o si se requiere de importación de materiales para la elaboración de un producto, entre otros.

“Todo esto se tomará en cuenta para poder estimar cuál será el precio máximo de un producto. Por supuesto que habrá un precio determinado de un producto en la matriz de costo. A partir de allí es cuando se fija cuánto será el precio máximo al público. Yo opino que una utilidad razonable de una empresa puede ser de 10%”, explicó.

Por su parte, la superintendente Nacional de Costos y Precios Justos, Karlin Granadillo, refirió que diferentes organismos del Gobierno Nacional están trabajando de manera articulada para dejar instalado el sistema nacional integrado de costos y precios, para lo cual se requiere de un sistema tecnológico para el análisis de costos y precios como lo estipula la ley.

“La idea es que la ley sea un paso adicional para avanzar en la planificación de una economía estable y de la estabilización de los precios, que garantice un buen vivir a la población y que le dé la certeza y tranquilidad, no sólo en el caso del acceso a los bienes y servicios, sino que todas las empresas y productores tengan la posibilidad de planificar en el tiempo los costos de su proceso productivo y de inversión”, resaltó.

De igual modo, la Superintendente Nacional de Costos y Precios Justos informó que se están definiendo los mecanismos para dar a conocer al público los precios de máximos de venta al público de los productos.

“La Ley de Costos y Precios Justos contempla que la Superintendencia puede instruir o reglamentar que sean publicados en listas visibles en los locales, precios fijados en los empaques de los productos o en etiquetas. Puede ser por diferentes mecanismos, además de la difusión por los medios de comunicación”, comentó.

Hay plazo hasta el 22 de noviembre próximo para la publicación del reglamento de la Ley de Costos y Precios Justos. “Estamos trabajando en este sentido, podría ser antes, pero es necesario realizar la parte jurídica”, dijo.

En el reglamento no se define el orden en el cual ingresarán los sectores o empresas al sistema de análisis de costos.

“Éstos pueden ir variando de acuerdo con las necesidades del aparato productivo, las personas, situación del país o en función de la actividad económica. Esto no se puede fijar en la ley de costos y su reglamento. Puede variar”, aseveró.

 
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