23 de octubre 2017

La Fiscalía habló, la Defensoría sigue muda

Luisa Ortega Díaz y Tareck William Saab

Ante el rechazo mayoritario de los venezolanos, el Gobierno reacciona con más represión y con más violaciones a la Constitución. Lo más grave son los juicios militares a los que está sometiendo a más de cien ciudadanos que han participado en las diferentes protestas

La represión aumenta a paso de represores. La pretensión de imponer una Constituyente a la carta, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, es rechazada por amplios sectores del país en el que están incluidos diferentes segmentos del espectro chavista. Aparecen algunas encuestas que hablan de un rechazo mayoritario de la población a la última pretensión del cogollo gobernante para atornillarse en el poder.

Convocaron a los partidos políticos a Miraflores para escuchar sus opiniones. Al encuentro asistieron un grupo de organizaciones que, de paso, manifestaron su rechazo a la pretensión maduristas de convocar e imponer las condiciones electorales de la Asamblea Nacional Constituyente sin consultar a los ciudadanos. Los representantes de dichos partidos aprovecharon la oportunidad, también, para que los jerarcas gubernamentales tuvieran un contacto con la realidad y se enteraran de la grave crisis que en todos los órdenes vive la sociedad venezolana.

La Mesa de la Unidad Democrática envió una comunicación por escrito fijando su posición, pues están claros que el Gobierno va a hacer en este caso como lo ha hecho, muchas veces, en otros anteriores: va a escuchar lo que le digan pero no va a atender ninguna de las posiciones que no coincidan con su decisión de forzar una constituyente, donde pretenden imponer un método de elección que transforma a una minoría en mayoría.

Ante el rechazo mayoritario de los venezolanos, el Gobierno reacciona con más represión y con más violaciones a la Constitución. Lo más grave son los juicios militares a los que está sometiendo a más de cien ciudadanos que han participado en las diferentes protestas que se producen en Venezuela. Desde los que tumbaron la estatua de Hugo Chávez en el Zulia, hasta los que manifiestan en cualquier calle del país. Juicios militares justificados por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, quien de esa manera validó otra violación a la Carta Magna la cual establece que los ciudadanos tienen que ser juzgados por sus jueces naturales.

Además utilizar la justicia militar para juzgar a civiles también viola tratados de DDHH firmados por el país.

Ante esta nueva violación de la Constitución esperábamos una actitud de rechazo firme por parte de la fiscal Luisa Ortega Díaz y también del defensor del pueblo Tarek William Saab. No ha sido así.

La fiscal ha tenido una reacción tardía, pero reacción al fin, fijó posición en una entrevista y un funcionario de esa dependencia exigió que los acusados de derribar la estatua de Chávez fuera juzgados en tribunales civiles. Luego de sus últimos pronunciamientos creíamos que su actuación denunciando esta nueva violación de los derechos humanos iba a ser más contundente.

Del Defensor del Pueblo también esperábamos una reacción pública y precisa ante este nuevo atropello, pero hasta el momento de escribir este editorial mantiene silencio. Alllan Brewer Carias recuerda que fue Tarek William Saab quien en la constituyente de 1999 propuso que competencias de tribunales militares se limitaran exclusivamente a delitos de naturaleza militar. ¿Por qué no mantiene esa posición hoy y la expresa claramente? Quienes pretenden imponer esa Constituyente supuestamente para lograr la paz en Venezuela, deberían haberse convencido ya de que el camino escogido no permitirá llegar a ese puerto, sino todo lo contrario. Están a tiempo de rectificar.

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