2 La cosa es de antes. En 2008, el Instituto Nacional de Tierras continuó con el proceso de regularización de tierras, habiéndose entregado en ese período un total de 22.381 instrumentos agrarios, discriminados así: 7.212 cartas agrarias, 11.644 declaratorias de permanencia y 3.505 títulos de adjudicación. El INTI en su Memoria y Cuenta de 2008 contabiliza 555.152,08 hectáreas regularizadas. Según Provea, la verdadera cifra es de 732.961,51 hectáreas. El Estado ha utilizado la excusa de poner a producir las tierras sin producción para apropiarse de muchas fincas del país, por lo que no ha respetado el debido proceso ni la propiedad privada. Por esta razón, se han violado las siguientes legislaciones: el artículo 82 de la Ley de Tierras establece que no deben quedar dudas de que los terrenos sean de propiedad del INTI; es decir, que no exista a favor de quien se dice propietario no sólo una titulación sino tampoco una posesión que legitime esa titulación mediante la usurpación. Los terrenos objeto de los procedimientos de rescate deben estar totalmente improductivos. La decisión que acuerde el rescate y la medida cautelar de aseguramiento no podría implicar la privación del terreno ocupado, puesto que ellos implica una expropiación de hecho, conforme a lo pautado en el artículo 9º de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o social.

3 Jaua imitando a Atilas. Cuando era ministro de Agriciultura y Tierras solamente, Elias Jaua practicaba su deporte favorito: invadir. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en mayo de 2005 hasta ahora, el Instituto Nacional de Tierras ha rescatado, en nombre de la República, dos millones 500 mil hectáreas. El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua afirmó que “no ha habido una de esas tierras que haya sido sujeto de expropiación porque ninguna demostró origen privado”. Jaua asegura que se han aplicado rescate de tierras, no la expropiación. No obstante, el único caso que demostró origen privado fue el de la Compañía Inglesa Vestey Group Limited/Agropecuaria Flora (hato San Pablo Paeño en Apure con 40.342 ha), 'donde logramos (en marzo de 2006) un acuerdo amistoso o conciliatorio como establece la ley'. Pese a que estamos facultados para ello, nunca hemos aplicado la expropiación agraria porque en el 99% de los casos no se ha demostrado el origen de la propiedad privada y, por tanto, aplicamos el rescate previsto en el artículo 82 de la Ley de Tierras. 29/11/09

4 Empresarios agrícolas. El gremio de empresarios agrícolas rechazó la intervención de más de 30 fincas del Valle del Turbio y exigió a través de un comunicado dirigido al Gobierno el respeto a la Constitución y los derechos humanos. En el documento explican que la Constitución no otorga facultades a ningún organismo del Estado para que ocupe de forma previa bienes objeto de expropiación. No obstante, Fedeagro señala que la ocupación de las tierras del Valle del Turbio por los militares atenta en contra del artículo 115 de la Carta Magna. Así mismo, dejan claro en el documento que el Valle del Turbio genera cuatro mil empleos directos y 12 mil indirectos; no albergan latifundios y algunos de los productores de la zona han permanecido allí desde hace dos siglos. El caso más patético, por abusivo e inconstitucional, correspondió a la finca La Carolina, del diplomático y ex representante de Venezuela en ONU, Diego Arria, cuyo modelo de producción agrícola fue pisoteado por una invasión decretada por el INTI, y que el presidente Chávez aplaudió en cadena nacional.

5 Expropiación de fincas en Guárico. El productor agropecuario de Guárico, Blas Pérez,  denunció que la Guardia Nacional y el INTI ocuparon 4 fincas en el estado Guarico, entre ellas los predios  Morrocoycito, Sagitario,  la Espinoza, la Esperanza, ubicadas en San José de Tiznados. Blas, quien es propietario de la  finca Sagitario, indicó que  presentó  documentos al INTI  sobre el estado de su propiedad,  y el INTI hace tiempo determinó que su finca estaba totalmente productiva. “Ahora la Guardia Nacional y funcionarios del INTI  llegan arremetiendo y violentando los candados de seguridad,  alegando que nuestras tierras son predios ociosos”, calificó está acción como irresponsable, pues “iniciaron invasiones de manera simultanea  en nuestra zona, la cual es totalmente productiva”, precisó.  Al consultarle sobre la cantidad de hectáreas que serán objeto de expropiación, el productor comentó que funcionarios no informaron que cantidad de hectáreas serán objeto de expropiación, peri sí recalcó que él tienen toda la vida produciendo ganado, leche y quesos, y que producto de su esfuerzo las 3 mil hectáreas de su finca cuentan con la mejor transferencia tecnológica. Comentó que en está zona del Guarico se producen 70 millones de kilos de maíz y 50 millones de kilos de harina pan, para la alimentación  del venezolano, las cuales pueden afectarse. Además son tierras altamente productivas, fincas tecnificadas, donde los productores tienen toda la cadena titulativa. Finalmente indicó que debido a estas intervenciones están elaborando una serie de reuniones a fin de evaluar las próximas acciones que tomarán para defender su propiedad.

6 El caso Franklin Brito. Un ciudadano venezolano, biólogo y agricultor, Desde el 24 de noviembre de 2004, cuando inició su primera huelga de hambre, Brito y su familia decidieron no aceptar más la degradación y la violación de sus legítimos derechos por parte de los organismos del Estado. La madrugada del viernes 4 de diciembre, Franklin Brito terminó la quinta huelga de hambre que ha realizado en los últimos cinco años. Su lucha comienza cuando en 2003, el Ministerio de Agricultura y Tierras emite unas cartas agrarias que le arrebataron sus tierras ubicadas en el asentamiento campesino La Tigrera, en el Municipio Sucre del Estado Bolívar. En esta última oportunidad, Brito se mantuvo por 154 días frente a la sede de la OEA en Caracas. Hasta ahora, las otras cuatro huelgas emprendidas por Brito han concluido luego de recibir las promesas del Gobierno de investigar y atender sus reclamos. Hasta ahora también las cuatro promesas han sido incumplidas o parcialmente satisfechas. Brito retomó la huelga de hambre al no ser cumplidas las promesas del Gobierno y está secuestrado desde hace más de un mes en el Hospital Militar.

7 Cifra récord de expropiaciones e invasiones. En años recientes se han registrado casos de expropiación en edificaciones, frigoríficos y tierra con vocación turística, agrícola o pecuaria; a lo que hay que añadirle las amenazas a supermercados, clínicas o bancos por considerarse desde el Gobierno que no cumplen con el desempeño deseado por los hacedores de políticas gubernamentales.

8 Finca El Piñal. Finca el Piñal, estado Lara, de unas 1.500 hectáreas de plantación de eucalipto, de la empresa irlandesa Smurfit Kappa Group. La información la ofreció Rafael Marcial Garmendia, uno de los socios del fundo Bucarito, cuyas tierras fueron intervenidas parcialmente hace dos años, quien agregó lo siguiente: 'El eje Barquisimeto hasta el límite con Portuguesa en La Lucía tiene alrededor de 50 fincas, sin contar las que están hacia Manzanita. La preocupación es que aquí se habla de desarrollo endógeno y de Soberanía Agroalimentaria y no hay duda que todo el que trabaja el campo está de acuerdo con el desarrollo endógeno y la soberanía, ahí no hay discusión, pero lo que no entendemos es que se ataque a productores eficientes y fincas en plena producción, y los resultados que estamos obteniendo es que cada día dependemos más de la producción extranjera. Estamos acabando con los productores venezolanos'.

9 Ley de “Interés Social”. La Ley de Propiedad Social faculta al Gobierno a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar la producción socialista". Por si fuera poco, los venezolanos no sólo tendrán que aguantar las expropiaciones bajo la excusa del "interés social" de sus casas, tierras u objetos personales, sino que además toda empresa "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales" también podrá acabar en manos del Estado.

10 Para Fedenagas (Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela), la mejor muestra del fracaso de la política de expropiaciones implementada por el Gobierno desde 2003 está en las cifras del sector agropecuario. Fedenaga estima que unas 590 fincas fueron invadidas o expropiadas por el Gobierno entre 2006 y 2008. De ellas, 228 eran productivas: 120 están en el estado Zulia; 50 en Lara; 40 entre Carabobo y Aragua; 10 en Barinas; siete en Táchira y una en Portuguesa. Estos números dejan por fuera los predios de aquellos campesinos que, según Fedenaga, no denunciaron por miedo o porque negocian el valor final de la tierra que entregarán. Con un rebaño estancado, una cobertura de vacunación inadecuada, una producción en descenso y con un consumo per capita que detuvo su crecimiento de 21,40 kilogramos en 2006 a 19,7 kilogramos para 2009 , el presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, no puede más que pensar que “los programas desarrollados por el Gobierno desde 2005 hasta 2008 han fracasado”. Méndez refuerza su opinión con más números. En 1999, dice, Venezuela tenía una población de 23,3 millones de habitantes y un rebaño de 13,5 millones de cabezas. En 2008, cuando la población es de 28 millones de habitantes, el rebaño nacional fue de 12,6 millones de cabezas y registró un crecimiento anual de 2%. El MAT dice que, entre 2007 y 2008, la producción bovina aumentó 3%. La leche también cuenta. Entre 1999 y 2008, Fedenaga registró un incremento de apenas 93.795 litros en la producción. Incluso en los últimos cinco años, detectó un aumento promedio en litros de leche de apenas 3,8% que, según Méndez, no logra cubrir ni siquiera 50% del consumo nacional.