En materia de tráfico de armamento, no hay diferencias entre las calles y las cárceles en Venezuela. Conseguir una pistola Glock 17 es relativamente sencillo para un recluso, únicamente se necesita contactar a un policía corrupto y dinero para concretar el pedido.
Aunque se desconoce la cantidad de armas de fuego ilegales que circulan en los centros penitenciarios, hay un saldo rojo entre 1999 y 2008 que resulta un indicador poco alentador. Según las ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Provea, al menos 3.664 prisioneros perecieron en las cárceles venezolanas durante el referido período debido a impactos de balas y 11.401 resultaron heridos. Y en el primer semestre de 2009, se registraron 173 asesinatos de internos.
“Es un fenómeno aterrador. Antes, los reos morían por chuzos (armas blancas, elaboradas manualmente) y, ahora, casi 60% fallecen porque uno o varios tiros penetraron sus cuerpos”, explicó Humberto Prado, director del OVP.
Son verdaderas batallas campales. En una cárcel nadie se salva cuando internos accionan sus gatillos. El caso de Yorkys Monte Zambrano, cabo II del Destacamento 57 de la Guardia Nacional, se convirtió en un reciente ejemplo de las consecuencias del tráfico de armas de fuego. Una bala impactó el 19 de diciembre en su cabeza cuando se hallaba en una garita de la cárcel Yare I, en los Valles del Tuy. Aún no se ha determinado el autor del crimen.
“Después de ese día, la agresión ha sido fuerte. Los guardias nacionales tienen miedo de que descubran que ellos mataron a su compañero”, señalan internos que el pasado 3 de enero secuestraron a sus parientes en la cárcel para reclamar atención del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, a quien pretendían explicarle su punto de vista. Sin embargo, la respuesta del titular del despacho fue concisa: “Hay mafias (en referencia a los prisioneros que iniciaron la protesta) interesadas en que no llegue el plan de humanización a las cárceles”.
Enredos de bandas
Un guardia nacional se encarga de resguardar a 100 reclusos. Es el promedio en Venezuela, una proporción considerada desigual para los activistas de Derechos Humanos que recomiendan un efectivo policial por cada 10 reos para garantizar el orden en una penitenciaría. “Somos pocos y ganamos mal”, relata un cabo, quien labora en el Internado Judicial Capital El Rodeo II.
No constituyen una mayoría, pero algunos custodios de cárceles solventan carencias económicas a través del tráfico de armamento. La venta de un revolver puede cotizarse alrededor de Bs.F. 5 mil, mientras una pistola alcanza un costo de Bs.F. 10 mil. Todo depende del tipo de armamento que se encargue.
Granadas fragmentarias, bombas molotov, municiones, ametralladoras, pistolas automáticas, entre otros. Son armas que se han hallado en requisas o motines en las cárceles venezolanas.
Hay otras maneras más económicas de adquirirlas. Está el denominado “pase indirecto”, el cual consiste en pagarle a un efectivo de seguridad para que sirva de mensajero. “Se le da una dirección y él busca el arma, que pertenecía al reo antes de ingresar al centro penitenciario”, explica el director del OVP, quien monitoreó el aumento de armamentos en las prisiones.
Mientras algunos familiares y amigos también se prestan para ingresarlas a los recintos, siendo uno de los mecanismos más difíciles y de menor recurrencia debido a las revisiones de los custodios.
Desarme alejado
Según especialistas, desarmar a la población penitenciaria es imposible a través de la fuerza. El 14 de mayo de 2008, un motín en Yare generó una toma militar. “Nada se solucionó, ahí están con los mismos problemas. Así lo demuestran los recientes hechos”, aseguró Prado.