El pasado viernes los alumnos de la UCAB fueron víctimas y testigos de un acto vandálico que, por altamente peligroso, debió ser repudiado al día siguiente por autoridades de la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. Al no haberse pronunciado, se agravó aún más este hecho.
Cierto. Fue, en sí mismo, un episodio si se quiere fútil para quien mira hacia atrás y da cuenta de la escalada de violencia que ha signado a los grupos paramilitares que desde hace una década expresan respaldo al proceso revolucionario. Lina Ron puede dar fe de que actuaciones peores han sido libradas en la batalla de la "defensa de las ideas".
Nada comparable tampoco con las recientes incursiones de grupos armados en Mérida que con apoyo logístico de la 22º Brigada de Infantería y el comando regional de la Guardia Nacional, destrozaron 35 vehículos en zonas residenciales e incendiaron la vivienda del dirigente Omar Lares y su familia adentro con un añadido de maldad que los llevó a impedir por minutos la actuación de los bomberos.
Esta manifestación de violencia inaudita con saldo de dos jóvenes muertos que tuvo como principal instigador al gobernador Marcos Díaz Orellana, todavía continúa sin ser objeto de una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público ni ha inspirado a la "indefensora" del pueblo a un pronunciamiento que haga desistir a los vándalos que operan desde las residencias estudiantiles Domingo Salazar de repetir sus tropelías.
Lo que sorprende no es que se trate de hechos aislados "magnificados por los medios" y, por tanto, meritorios de ingresar en el folclor de una revolución, en la cual su máximo líder se burla de los investigadores del IVIC, delante de profesionales universitarios que se ponen de pie, aplauden y celebran el chiste.
Lo que impresiona es el manto de impunidad, y de ver cómo estas incursiones adornadas con saña ya vistas en las dictaduras militares de Argentina, Uruguay y Chile han terminado por recibir la aprobación del Presidente, con lo cual está permitido abusar de una joven estudiante o golpear a un profesor, porque en fin de cuentas pertenecen a "estructuras viciadas por el capitalismo", sin derecho siquiera a exponer sus ideas, sin la debida autorización.
Preocupa que esta dinámica violenta del oficialismo, como la desatada en Mérida o el vandalismo visto en la UCAB, no haya tenido una expresión de condena, ni siquiera al interior del proceso revolucionario por los mismos universitarios e intelectuales que se sientan a la diestra de su líder.
Ellos que saben lo difícil que resulta luego aquietar la bestia del militarismo, cuando despierte y, al estilo de aquel tristemente célebre Millán Astray, se imponga con sus fusiles en el recinto universitario con el grito de "¡Viva la muerte!" y "¡Muera la inteligencia!".
ELIZABETH ARAUJO
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