La democracia continental se debate en un aparente quiebre ideológico. Formalmente debe pronunciarse a rajatablas en contra de cualquier golpe de Estado, aun cuando en su fuero interno, pueda ver con absoluta transparencia el mar de fondo que razonablemente pueda explicar una ruptura del hilo constitucional.

Traducido a la jerga política, “todo golpe de Estado es repudiable, pero…” Honduras es hoy, ejemplo y objeto de ese debate filosófico e institucional que parecía resuelto.

El golpe contra Manuel Zelaya cabalgó entre lo rocambolesco y lo constitucional. Contradicción aparente, que sólo se despeja cuando se juntan todas las variables que interactuaron en una misma acción.

En pijama fue sacado de su casa por un comando del ejército y tirado al otro lado de la frontera, en el país vecino que se tuvo más a mano.

Mientras el reporte oficial rubricado por un presidente Interino, dio cuenta de que la deposición presidencial fue una  decisión compartida y aprobada por todos los poderes públicos legítimamente constituidos: Congreso, Fiscalía, Corte Suprema y Defensoría del Pueblo.

Apoyada por el partido de gobierno y por las propias fuerzas armadas, de las que fungía como comandante en jefe.

No es poco hondo lo que aconteció en Honduras: un golpe de Estado sustentado por la ilegalidad de la impronta y a la vez avalado por todas las instituciones que son esencia y aval de cualquier sistema de gobierno democrático.

Quizás por su propia complejidad, mientras la comunidad internacional, representada por organizaciones de gobiernos que  se aferraron al librito de la autodefensa, la real opinión pública, la de la gente común,  jamás se mostró tan radical a favor o en contra, dando ejemplo de un simplismo inteligente y fe de que el debate original se había cerrado prematuramente.

Como mostrarse políticamente correcto no es para el soberano una necesidad de subsistencia, desde el primer día dio rienda suelta a sus opiniones, una sobrepuesta a la otra, un tirito al golpeado  y otra al golpista, a medida que se iban desarrollando los efectos colaterales del derrocamiento en seco.

Así, en cualquier esquina de cualquier ciudad de Suramérica, no hubo lugar para verdades incontestables, para actitudes dogmáticas.  Muy por el contrario, los sucesos de Honduras han servido para que este soberano continental revise sus juicios aprendidos y se dé espacio para la reflexión profunda y desprejuiciada.

La pregunta que hoy el soberano continental se hace, no es si Zelaya debe o no volver al gobierno por razones principistas. Sus dudas están centradas en sí es la legitimidad de origen el aval indeclinable o es su desempeño constitucional, lo que describe a un verdadero presidente demócrata elegido por su pueblo. Una hondura que los guardaespaldas presidenciales de los organismos internacionales deberán privilegiar.