El último encuentro del presidente Ortega con los gremios empresariales y el gran capital en un aula del Incae, nos ofreció una de esas raras e inéditas oportunidades para apreciar con todas sus sutilezas el lenguaje del ejercicio del poder.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) presentó una agenda para mejorar el clima de negocios sustentada en un listado exhaustivo de demandas para fortalecer la institucionalidad democrática.

Una agenda políticamente correcta aunque formulada con excesivo tacto y mesura, al extremo de que el Comandante ni siquiera se dio por aludido. Ortega respondió con su monólogo acostumbrado y brindó una cátedra de cinismo en torno a la economía política del orteguismo.

Los empresarios escucharon, aplaudieron con cortesía y hasta sonrieron con nerviosismo, cuando Ortega los invitó a ser cómplices de la disolución de la Asamblea Nacional. Pero no hubo diálogo ni preguntas.

 Pese a que en esa sala estaban reunidos los capitales más poderosos de Nicaragua, nadie se atrevió a cambiar el ritual preestablecido. Así pudimos constatar, gracias a la retransmisión en la televisión, el ambiente de complacencia en que transcurren estos encuentros entre el poder económico y el político.
  
Ortega pasó facturas recordando el fluido diálogo que mantiene con el Cosep para resolver sus problemas sectoriales, y hasta se burló de los empresarios comparando el bono salarial con los programas de responsabilidad social empresarial que distribuyen computadoras portátiles en las escuelas.

A diferencia de Chávez, les garantizó que su gobierno no tiene planes de nacionalizar empresas o revertir las privatizaciones, pues su modelo económico más bien contempla fortalecer su propio grupo económico familiar. Y ratificó su compromiso de fomentar una macroeconomía sana manteniendo relaciones “responsables” con el Fondo Monetario Internacional, mientras unilateralmente impone un reajuste salarial a los empleados públicos fuera del presupuesto, violando las normas más elementales de las finanzas públicas.

El bono, según Ortega, tiene una justificación política: su objetivo es evitar las protestas sociales y los reclamos salariales contra su gobierno, y el verdadero problema en las negociaciones con el FMI no radica en el bono sino en las exoneraciones fiscales que reciben los grandes empresarios. Irónicamente, después de más de tres años en el poder Ortega nunca ha propuesto una reforma tributaria que se proponga desmantelar las exoneraciones.

Tal parece que el costo político de desmontarlas es demasiado elevado para su relación con el capital, y le resulta más rentable presentarse como el “protector” de los empresarios ante el FMI. Después de todo, como lo demuestra el proceso por corrupción contra Arnoldo Alemán, Ortega es un experto en administrar la política del chantaje para lograr grandes dividendos políticos y económicos.

Separar el mercado del derecho

Como Somoza en la época de la dictadura, ahora Ortega le propone al capital un quid pro quo: “hagan sus negocios, hagan reales, mi gobierno les garantiza sus intereses económicos y sus exoneraciones fiscales, pero no se metan en política, que eso lo manejo yo”. Es el mensaje de un poder autoritario que se empeña en separar artificialmente la economía y el mercado, del Estado de Derecho y la democracia.

Así funcionó el modelo de Pinochet en Chile que produjo crecimiento económico, con cero transparencia y cero democracia. Pero la historia ha demostrado que a la larga ese no es un esquema sostenible, y tarde o temprano desemboca en crisis sociales o en dictaduras fracasadas.

 En Nicaragua, ya estamos a medio camino como lo demuestra la ausencia de una justicia independiente y el descalabro del poder electoral. Desde hace más de una década, todos los casos judiciales relevantes que afectan a los grandes capitales, sea en el ámbito económico o en el privado, se negocian en la secretaría del FSLN, donde el orteguismo trafica con las sentencias judiciales.
  
Esta mentalidad del caudillo que se coloca por encima de la ley y las instituciones, sin ninguna clase de contrapeso, es lo que mejor explica las elucubraciones de Ortega sobre una hipotética desaparición de la Asamblea Nacional. Para justificarlo, algunos dicen que estaba bromeando, pero Ortega nunca se ha caracterizado por tener el más mínimo sentido del humor. Otros denuncian que se trata de una amenaza, pero tampoco ha sido el estilo de Ortega anunciar o pedir permiso antes de violar la Constitución.

Lo que revela esta aparente bravuconada es la sicología de un individuo encumbrado en el poder, que está completamente aislado de la realidad. Como el pandillero que en voz alta pregunta si vale la pena eliminar a balazos a un rival en la esquina del barrio, a nuestro Presidente le parece de lo más normal contemplar la disolución de la Asamblea Nacional como una posibilidad extrema pero verdadera, porque en el fondo no tiene el más mínimo respeto por el Estado de Derecho.

Y cuando le piden democratizar las instituciones políticas, Ortega esgrime la excusa perfecta para no rendir cuentas: “olvídense la reforma política –les dijo a los empresarios– que para ello contamos con un sistema de partidos políticos que se encarga de eso con exclusividad”.

 Pero lo que tenemos en Nicaragua no es un sistema de partidos políticos democráticos, sino un esquema de caudillos autoritarios, el famoso “bicaudillismo”. La prueba más evidente es el propio Frente Sandinista que ha sido sustituido como institución política por el culto a la personalidad de Ortega, el eterno candidato presidencial atrincherado ahora en su familia, con el soporte  económico que le brinda la privatización de la cooperación venezolana.

En consecuencia, la política y la democracia no pueden ser el monopolio de los caudillos ni de la partidocracia prebendaria. Los ciudadanos, los empresarios, la sociedad civil, las iglesias, los jóvenes, las mujeres, los sindicatos, no sólo tienen el derecho sino además la obligación de presionar al poder para que se produzca un cambio democrático en las instituciones y los partidos.

Si Ortega viola la ley y la Constitución, hay derecho a ejercer la protesta cívica; callar equivale a complicidad.  Si las instituciones públicas han sido partidizadas por el pacto PLC-FSLN, la sociedad civil debe reclamar hasta ser escuchada y ofrecer una alternativa democrática.

La disyuntiva para los empresarios no reside entre el supuesto caos institucional por el “veto” de la oposición a los magistrados del CSE y el nuevo pacto prebendarlo que promete Ortega, sino entre aceptar el autoritarismo o bregar activamente por un cambio democrático, aunque a lo inmediato esto último implique una cuota inevitable de inestabilidad.

La pregunta del millón es si la clase empresarial se dejará chantajear por Ortega aceptando un rol político subordinado, autocontenido, o si tiene la determinación de tomar riesgos y resistir la presión. Ortega les ofrece estabilidad económica a corto plazo para hacer negocios, pero igual que Somoza no les puede dar garantías de estabilidad a largo plazo.

Mientras el país no tenga un futuro electoral con un Consejo Supremo Electoral confiable y creíble, el proyecto futuro de Ortega, incluida su reelección, carecerá de legitimidad. Y a la larga, esa es la peor noticia para el clima de negocios en el país.

FRASE

"Si el Consejo Superior de la Empresa Privada me da el respaldo, yo disuelvo la Asamblea Nacional. Ustedes tienen la palabra, mientras tanto no me queda más que conversar"
Daniel Ortega

En una reunión con los empresarios nicaragüenses el 27 de mayo