Cilia Flores no ha recibido las objeciones concretas que le hizo el Poder Ejecutivo a la Ley del Consejo Federal de Gobierno y que justificarían su segunda devolución al Parlamento; el presidente Chávez ya había rebotado el documento enviado por los legisladores en 2005.

Sin embargo, la temeraria presidenta del Capitolio prometió ayer que el Poder Legislativo acogerá la propuesta e inmediatamente asumirá las modificaciones, sean de forma o de fondo (a la Dama de Hierro le da igual, por lo visto) y devolverá la norma “para que sea promulgada, ejecutada y se convierta en Ley vigente de la República”.

El frenazo de Chávez, lo aseguran en predios parlamentarios, se debió a la reacción negativa que trajo entre gobernadores y alcaldes la desaparición del Fondo Intergubernamental para la Descentralización y su sustitución por el Fondo Interterritorial, con otros métodos de distribución que involucran a las organizaciones del poder popular.

Por lo pronto, la Comisión de Participación Ciudadana, entidad promotora de la Ley de Consejo Federal de Gobierno, tiene otra prioridad esta semana: trabajar en el ordenamiento jurídico de las comunas.

El presidente de la Comisión, Alfredo Murga, se refiere ya a este instrumento como Ley de Comunas y no como el capítulo V sección II de la Ley de Participación y Poder Popular, aprobada en primera discusión en la última sesión de 2009.

El Ministerio de Comunas y el Parlamento tienen la misión de desentrañar ese misterio tan pronto como la promesa de Flores debería materializarse. Por eso, ayer en la noche seguía una maratónica reunión en la comisión sin que se mencionara al Consejo Federal.