El presidente de la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Oscar Figuera, aseguró este jueves que el proyecto de Ley Orgánica del Trabajo que elabora la comisión a su cargo pasará primero por una consulta nacional antes de su aprobación, y advirtió –como comunista que es– que la ley protegerá integralmente a los trabajadores. 

Al salir al paso a las diversas reacciones que ha generado este proyecto de ley, tanto den el sector sindical como en el empresarial, Figuera indicó que el documento tiene muchos puntos complicados que requieren de atención antes de ser presentando a la plenaria.

Exhortó a los trabajadores a no creer en las páginas web que han publicado el proyecto de Ley porque no contiene las modificaciones que se le están haciendo. 

"Algunos han planteando que ese material ha sido aprobado por la comisión, eso no es verdad, eso es un material que está sirviendo de base para el debate en la sesión permanente, está siendo cambiado profundamente", dijo el parlamentario.

PROBLEMAS VISIBLES
Por su parte, el diputado de Podemos, Bernardo Giménez, señaló que la ley que se está discutiendo es "inviable", ya que resulta imposible para el Gobierno asumir los gastos que generará su aplicación.

"Por ejemplo, aún no se han pagado los pasivos laborales con la antigua ley. Si calculamos las prestaciones a salario integral los costos que generara esa ley son impagables".

El pasado viernes 2 de octubre, dirigentes sindicales manifestaron que antes de ser aprobada la ley el Ejecutivo debe pagar los pasivos laborales a los empleados del sector público.

"No se puede discutir un nuevo articulado, sin que se reconozcan los derechos contenidos en la reforma de 1997. Hemos contabilizado que la deuda generada por prestaciones sociales no canceladas ya asciende a más de 30 millones de bolívares fuertes y creemos que de aprobarse una nueva ley sin que se salde esa cuenta, los trabajadores vamos a resultar desmejorados", dijo Froilan Barrios, dirigente del Movimiento Solidaridad Laboral.

EN FAVOR Y EN CONTRA
Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, indicó hace unos días que el esquema de la retroactividad que plantea la ley es positivo para los trabajadores, ya que la empresa realiza aportes anuales, en lugar de mensuales, tomando como base el último salario devengado por el empleado.

Sin embargo, no apoyará que se mantenga las 40 horas como tope de la jornada por semana. "Realizar ahora esta propuesta es decirle a los trabajadores que hace dos años, cuando dimos un arduo debate sobre la jornada laboral, estábamos equivocados".