El informe “Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe: Situación actual y financiamiento de políticas y programas” de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), asegura este viernes que Bolivia, Brasil, Nicaragua, Venezuela y Perú son los países de Latinoamérica que afrontan los “mayores desafíos” para superar las condiciones de precariedad urbana y de pobreza en las que vive una gran parte de sus ciudadanos.

El documento subraya que la vivienda y la infraestructura constituyen un factor básico para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza y precariedad urbana, y que por ello se necesita la movilización de recursos del Estado y el sector privado.

También destaca los esfuerzos de Colombia, Chile y México para desarrollar su infraestructura financiera y mejorar los sistemas de regulación bancaria, al insistir en la importancia de que las familias de los distintos sectores socioeconómicos tengan acceso a fuentes de financiación para mejorar y comprar viviendas.

“La dificultad para acceder al financiamiento que afecta a una gran parte de la población sigue constituyendo un problema que no ha sido resuelto en América Latina”, indica el documento.

Este problema de acceso a la financiación se debe a factores como el carácter informal e inconstante de los ingresos familiares de los segmentos socioeconómicos medios y bajos, el sesgo en la orientación de políticas crediticias y las regulaciones que privilegian la obtención de garantías de los que solicitan créditos bancarios, explica el estudio.

En este contexto, el informe sugiere indagar en torno a mejores prácticas bancarias para que “la población más pobre pueda acceder a los servicios financieros en condiciones igualitarias al resto de la población, traduciéndose esto en tasas más competitivas y líneas de préstamos dirigidas a aumentar su capacidad productiva y su patrimonio”.

El informe también destaca que la financiación pública y privada en las llamadas “viviendas sociales” sea orientada sobre cinco ejes prioritarios de inversión y gestión para evitar una “desviación innecesaria e ineficiente” de los recursos.

Estos ejes son el mejoramiento de la calidad habitacional y la construcción de las nuevas viviendas; la producción y mejoramiento del acceso al suelo; provisión y acceso a servicios básicos de infraestructura; dotación y mejoramiento del espacio público barrial, así como la provisión de espacios para el desarrollo de actividades productivas y de generación de empleo.