La Inspectoría del Trabajo actuó rápidamente para ordenar el reenganche de los empleados de la Alcaldía Mayor a quienes el alcalde opositor Antonio Ledesma no renovó el contrato. Pero cuando los botados son trabajadores de organismos oficiales, los afectados suelen quedarse sin respuesta.

Es el caso de los empleados cesanteados desde que Jorge Giordani volvió al Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) en marzo de este año, que deberán recurrir a los tribunales laborales ante el fracaso de la mesa técnica realizada en la Inspectoría del Trabajo.

Fuentes del MPD, que pidieron mantener su nombre en reserva, explicaron que los trabajadores despedidos perdieron su tiempo al asistir a esta mesa técnica (hubo siete reuniones entre abril y junio) porque las autoridades del despacho se niegan a reconocer sus reclamos.

Aunque en la mesa técnica se presentaron 66 casos, los despidos alcanzan casi un centenar, según las fuentes. La mayoría son personas que llegaron al MPD durante la gestión del ex ministro Haiman El Troudi, pero también hay empleados con más de 20 años en el despacho.

Las fuentes precisaron que, en el caso de los contratados por El Troudi, las autoridades actuales no reconocen que los contratos vencían el próximo 31 de diciembre. Por tal razón, se niegan a pagarles la compensación por haber prescindido de sus servicios antes de tiempo.

Tampoco les han cancelado las prestaciones sociales ni les han entregado los documentos necesarios para que los trabajadores despedidos soliciten el paro forzoso. Esta situación no sólo afecta a los contratados sino también a quienes tenían más años en el ministerio.

MAS QUE ESPIDOS
Pero las cesantías no son la única preocupación de los trabajadores del MPD y sus organismos adscritos. En nombre del recorte presupuestario anunciado por el presidente Hugo Chávez a finales de marzo, Giordani también eliminó un bono bimestral creado por el ministro anterior.

Las fuentes explicaron que el dinero para cancelar a los trabajadores ese bono está en el presupuesto del ministerio, así que no entienden porque las nuevas autoridades se niegan a pagarlo. Exigen, al menos, saber cuál será el destino que tendrán estos recursos.

Los denunciantes también quieren saber qué se hará con el dinero asignado al Proyecto Comunas y al Sistema Nacional de Adiestramiento, entes que fueron suprimidos tras la vuelta de Giordani, así como con los tres millones de bolívares fuertes que desaparecieron de la caja chica.

En el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), por otra parte, se dejó de cancelar la prima de eficiencia que los trabajadores venían recibiendo de manera ininterrumpida desde 1995. Esto porque las nuevas autoridades alegan que este pago era ilegal.

También se pretende reducir los aguinaldos de cinco a tres meses, lo que violaría el principio legal de que no se puede desmejorar económicamente a los trabajadores. Estas medidas han sido implementadas por Ricardo Ríos, nombrado por Giordani como presidente del Fides.

SALA DE CASTIGOS
Las desmejoras en el MPD no se restringen al ámbito económico. Las fuentes acusan a Juan Cristóbal Prieto Castro –quién ha sido director general de ese despacho durante todos los períodos de Giordani– y su equipo gerencial de imponer un régimen de terror en el ministerio.

“Son expertos en amedrentar, humillar y vejar a los trabajadores. Quienes están en contra de ellos o no se prestan para sus marramucias y trampas son trasladados a una sala de hacinamiento ubicada en el piso 29”, denunciaron. Es decir, son condenados a cumplir horario sin hacer nada.

Prieto Castro también controla las licitaciones que realiza el MPD. Así lo demuestra una resolución donde se le atribuye “la facultad de aprobar bajo la modalidad de selección de contratistas denominada ‘consulta de precios’, la adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras”.

Las fuentes indicaron que Giordani delegó esta facultad en Prieto Castro a pesar de los cuestionamientos que se han hecho en su contra y del expediente que le abrió la Contraloría General de República por presuntas irregularidades cometidas durante su anterior gestión en el MPD.

CONTRATOS PARALIZADOS
Las fuentes alertaron que los despidos en el Ministerio de Planificación y Desarrollo afectarán al resto de los organismos de la administración pública, porque entre los cesanteados se encuentran todas las personas que laboraban en el departamento encargado de evaluar los proyectos de contratación colectiva de cualquier ente estatal.

Hay que recordar que cuando los sindicatos del sector público introducen una nueva convención, la misma debe recibir el visto bueno del MPD antes de comenzar a ser discutida con el organismo gubernamental que funge como patrono.

De manera que, al no cumplirse este requisito, las discusiones de contratos colectivos de los trabajadores públicos quedarán paralizadas.