El anuncio de que la fiscal nacional Haifa Aissami será la encargada de conducir la reapertura de la investigación sobre la matanza de El Amparo por la jurisdicción ordinaria hecho el pasado 15 de octubre, fue tomado con optimismo y cautela por parte de Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organizaciones que se han encargado de asistir a las víctimas del caso.

Marino Alvarado, director general de Provea, considera positiva la asignación de una fiscal nacional por parte del Ejecutivo. Sin embargo, afirma que el hecho de que la fiscal sea hermana del actual ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, puede presentar un conflicto de intereses, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta seis implicados en el caso han ejercido cargos ligados al Ejecutivo: "No obstante, le damos el beneficio de la duda a la fiscal".

El activista señala que es conveniente que la fiscal haga una reunión con las organizaciones de derechos humanos para intercambiar información con respecto a los autores intelectuales. Considera que los expedientes de la antigua Policía Técnica Judicial y la Dirección de General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) deben ser desclasificados como señal de la voluntad política del Gobierno para resolver el caso.

Alvarado aplaude la celeridad que se ha tenido en la averiguación de la matanza de Yumare –en la que no hay involucrados que formen o hayan formado parte del Gobierno– y pide que el caso El Amparo sea tratado con la misma celeridad: "Hay que investigar a todo el que haya que investigar, no sotros hemos pedido que se investigue a Jaime Lusinchi (ex presidente), Simón Alberto Consalvi (ex ministro de Interior) e Itallo del Valle Alliegro (ex ministro de la Defensa)".

RODRÍGUEZ CHACÍN , EL MÁS PESADO
Dos de los presuntos autores intelectuales de la matanza de catorce pescadores en el estado Apure, perpetrada en 1988, han ocupado cargos cercanos al Gobierno (Humberto Camejo y Enrique Vivas Quintero). Mientras que Ramón Rodríguez Chacín, asociado a hechos similares denominados "los amparitos", fue ministro de Interior y Justicia por ocho meses.

Los militares Omar Antonio Pérez y Celso José Rincón fueron nombrados director y subdirector de la Disip respectivamente, y Henry López Sisco ejerció como asesor de seguridad de la Gobernación del Zulia.

Otro caso que estaría en la mira del Ejecutivo sería la masacre de Cantaura, en la que fueron asesinados 23 integrantes del partido Bandera Roja, a través de un ataque militar que incluyó aviones Bronco y más de mil funcionarios.

El representante de la Comisión Jurídica del caso Cantaura, Manuel Meyer, se mostró complacido con la actuación de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien designó a Yulimar Amoricua como fiscal encargada y asegura que fue con el actual Gobierno que se inició la investigación.

Meyer señaló que ninguno de los responsables ha ocupado cargos en el Gobierno Nacional. Aunque Carlos Hermoso, integrante de Bandera Roja, cree que Norberto Ravanales, uno de los infiltrados de la Disip que permitió la ubicación del campamento guerrillero, participa en actividades del Gobierno, aunque no pudo especificar cuáles.